No hay atajos

La impugnación ante el Tribunal Constitucional del llamado plan Ibarretxe por el anterior Gobierno significó ante todo un intento de cortar de raíz su tramitación en el Parlamento de Vitoria. El argumento era que había que ir poniendo todos los obstáculos legales posibles a su recorrido a fin de evitar un choque frontal cuando el proceso estuviera muy avanzado. Ese propósito descarriló con iniciativas tan disparatadas -y dudosamente respetuosas con los procedimientos- como la de la reforma ad hominem del Código Penal contra quien convocase un referéndum como el propuesto por Ibarretxe. No hay atajos.

La impugnación presentada en noviembre pasado contra la aprobación por el Gobierno vasco de la propuesta del lehendakari formaba parte de esa estrategia de frenado progresivo, pero carecía de sustento jurídico solvente, según ha considerado la mayoría (siete votos frente a cinco) del Constitucional. Fue precipitada y planteada en un momento procesal inadecuado, como advirtieron al Gobierno del PP los partidos de la oposición, incluyendo los que compartían el interés en frenar el plan, y numerosos juristas. La vía de la impugnación establecida en el artículo 161.2 de la Constitución está prevista para disposiciones en vigor o actos ejecutivos de las comunidades autónomas. La propuesta de "Estatuto político de la Comunidad de Euskadi" podrá ser impugnada cuando se convierta en norma, pero mientras sea un texto sin entidad jurídica y susceptible de ser modificado, su mera remisión al Parlamento para debate es un acto no impugnable por el contenido del proyecto legislativo.

Pero la inadmisión a tramite en modo alguno supone un aval de cualquier tipo al plan.

Aunque aún no se conocen los fundamentos de derecho, el Constitucional ya ha adelantado que su decisión "se refiere exclusivamente a la viabilidad del trámite parlamentario de la propuesta, sin entrar en el examen de su contenido". No excluye, por tanto, la posibilidad de recurrir en su momento los rasgos anticonstitucionales que la mayoría de los juristas han señalado en la propuesta, empezando por el hecho de que bajo formato de reforma del Estatuto vasco se plantee en la práctica la derogación para Euskadi de gran parte de la Constitución.

Políticamente, el proyecto prescinde de una dimensión esencial del Estatuto de Gernika que se propone sustituir: su condición de pacto entre vascos nacionalistas y no nacionalistas. Pese a ello, algunos portavoces nacionalistas se apresuraron ayer a interpretar la resolución del Constitucional como una invitación a que los partidos no nacionalistas se sumen al debate presentando sus propias alternativas; como si no lo fuera la defensa del Estatuto y de la Constitución vigentes. En el debate de investidura Zapatero marcó el criterio esencial respecto a las reformas estatutarias: son dignas de apoyo aquellas que se propongan "aumentar la cohesión social, y no las que supongan un elemento de fractura o enfrentamiento en el seno de la propia comunidad".