Amnistía critica la política del Gobierno de Bogotá en Arauca

"Es tiempo de que acabe el periodo de gracia para el Gobierno de Uribe", afirma Marcelo Pollack, de Amnistía Internacional, que presentó el martes en Madrid un informe alarmante sobre la situación de los derechos humanos en el departamento colombiano de Arauca. La población civil es la primera víctima de los enfrentamientos entre guerrillas, paramilitares y el Ejército regular para hacerse con el control de esta región rica en petróleo.

Entre los responsables señalados por Amnistía destaca el Gobierno colombiano, que "ha transformado la región en un laboratorio de pruebas para sus nuevas políticas de seguridad". Según el informe, la denominada estrategia de "seguridad democrática" del presidente Uribe ha hecho caso omiso de uno de los pilares de la democracia: la defensa de los derechos humanos. La estrategia presidencial abarca, entre otras medidas, una red de informadores civiles, la entrega de armas a un ejército de soldados-campesinos o la concesión de poderes de policía a los militares. Según Pollack, el efecto directo de estas medidas es "arrastrar a los civiles al conflicto".

Uno de los grandes logros del mandato de Uribe fue el anuncio en julio de 2003 de un plan de desmovilización de los grupos paramilitares. Según Amnistía, el plan no es efectivo; las milicias siguen activas y sólo en 2003 mataron presuntamente a 700 personas en todo el país. Más grave aún: numerosas fuentes denuncian la connivencia de paramilitares y Ejército regular. La ONG relata incluso casos de operaciones conjuntas.

La petrolera estadounidense Occidental Petroleum recibe también duras críticas por financiar una brigada del Ejército involucrada en violaciones de los derechos humanos. La española Repsol-YPF es socia de la compañía norteamericana en Arauca. Las acusaciones salpican hasta a los gobiernos. Según Amnistía, Washington entrena y presta apoyo a la misma brigada; y España, que firmó un acuerdo con Bogotá en materia de inteligencia, no sometió la colaboración al respeto de los derechos humanos por las fuerzas colombianas.