La Ciudad Judicial reducirá su tamaño y tendrá pisos de alquiler

Cambios importantes en el proyecto de la Ciudad Judicial que hizo el Gobierno de CiU. El nuevo diseño del Departamento de Justicia de la Generalitat reduce en más del 35% la edificabilidad sobre rasante, incluye pisos de alquiler y, lo que es más importante, mantiene seis de los 19 edificios judiciales existentes en la ciudad de Barcelona en lugar de concentrarlos en la zona en la que se levantaban los cuarteles de Lepanto.

Justicia asegura que el presidente del TSJC y el fiscal jefe apoyan las modificaciones

La Ciudad Judicial, situada entre los términos municipales de L'Hospitalet de Llobregat y Barcelona, es el equipamiento más ambicioso que había diseñado el Gobierno de CiU y tardó años en empezar a andar. Primero por la negociación con el Ministerio de Defensa para comprar los terrenos y después por los dos años de conversaciones con los operadores jurídicos para llegar a un acuerdo sobre el proyecto arquitectónico.

El concurso de ideas convocado por la Generalitat para unos terrenos de 60.000 metros cuadrados lo ganó el arquitecto británico David Chipperfield. Su proyecto preveía 11 edificios de diferentes alturas, el mayor de ellos de 18 plantas. Seis de esas construcciones debían estar comunicadas entre sí por la base mediante una enorme avenida cubierta a la altura de la quinta planta.

Los detalles de cómo quedará ahora la zona no se conocerán hasta que se rehaga el proyecto, pero lo que sí ha trascendido de fuentes oficiales es que la superficie construida se reduce en más de 68.000 metros cuadrados, todos sobre rasante. De la idea inicial de 195.700 metros se pasa a 127.000 sobre rasante y se mantienen los otros 83.000 metros cuadrados bajo rasante para dedicarlos, entre otros servicios, a un aparcamiento de 2.100 plazas.

Mejorar la funcionalidad

El Gobierno catalán asegura que el objetivo de los cambios es mejorar la funcionalidad de los edificios judiciales y evitar los efectos negativos que comportaría la concentración inicial. También afirma que se pretende reducir el "riesgo previsible" de mal funcionamiento en cuanto a la seguridad, la logística y el transporte.

El número de pisos que se construirá tampoco ha sido concretado, ni el lugar donde se edificarán, aunque se asegura que se destinarán a jóvenes y ancianos. El consejero de Justicia, Josep Maria Vallès, presentará el próximo martes al Gobierno catalán una propuesta para revisar el proyecto. Otro argumento que se esgrime para justificar el cambio es que se desea evitar la desertización que se produciría en esta zona si se dedicase únicamente a uso judicial, con una franja horaria muy reducida de funcionamiento.

Las mismas fuentes oficiales aseguran que los cambios en el proyecto reducirán el coste de la inversión inicial entre 40 y 50 millones de euros, del total de 389 millones que costará la obra. Para facilitar el ahorro, aseguran las mismas fuentes oficiales, se mantendrán seis de los 19 edificios en los que ahora están los juzgados y tribunales de todas las jurisdicciones. En la reforma de esos seis edificios, que son propiedad de la Generalitat, se invertirán 42 millones de euros. El más importante es el Palacio de Justicia, que pasará a ser sede únicamente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Los 13 edificios restantes son de alquiler y cuestan anualmente 8,6 millones de euros."Es una patochada, un disparate". Así calificó ayer la ex consejera de Justicia Núria de Gispert la modificación del proyecto de la Ciudad Judicial. "Es muy fuerte lo que proponen y quizá lo que no tolera el Gobierno tripartito es que ése fuera el proyecto estrella que dejó el Gobierno de CiU", añadió. De Gispert descalificó los argumentos esgrimidos por el Departamento de Justicia para justificar el cambio del proyecto y afirmó que "se ha perdido una oportunidad histórica de unificar todas las jurisdicciones en una sola zona".

"¡Que hablen con los abogados y los jueces a ver qué les parece! ¡Que le pregunten al presidente del Tribunal Superior o al fiscal jefe!", remachó De Gispert antes de recordar que el proyecto del Gobierno de CiU era apoyado decisivamente por Guillem Vidal y José María Mena. Ambos estuvieron unos días en Tokio hace dos años invitados por el Departamento de Justicia, que dirigía De Gispert, para visitar la ciudad de la justicia de la capital japonesa. Un portavoz oficial del Departamento de Justicia explicó ayer que tanto Vidal como Mena han sido consultados y que están de acuerdo.

Núria de Gispert aseguró que es preferible mantener la actual dispersión de edificios a modificar el proyecto que dejó CiU y criticó que se argumente que se van a construir pisos de alquiler. En su opinión, la Ciudad Judicial no es el lugar más apropiado para ese tipo de equipamientos; asimismo recordó que cuando finalicen las obras los seis edificios judiciales que mantendrá la Generalitat en Barcelona valdrán 130 millones de euros. "Con ese dinero se puede hacer mucha vivienda social", explicó la ex consejera.

Por su parte, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Casas, se mostró ayer favorable a rehacer el proyecto para construir viviendas sociales porque "permite un uso más urbano del espacio". Casas recordó que el plan especial que aprobó el Ayuntamiento para autorizar las obras ya recogía la conveniencia de "diversificar los usos".

Fuentes oficiales aseguran que las asociaciones de vecinos también han sido consultadas antes de redactar las modificaciones y se han mostrado a favor. Una de ellas tiene planteado un recurso judicial contra el proyecto inicial.

Otra de las modificaciones que se introducirán en el proyecto es un modelo diferente de contratación para realizar el mantenimiento de la obra, así como su financiación. Los cambios demorarán las obras un mínimo de un año y éstas no concluirán hasta finales de 2009. De Gispert vaticinó que, mientras tanto, la Generalitat deberá alquilar más edificios porque los que hay actualmente no dan para más y cada vez se crean más juzgados de varias especialidades.