El Supremo estudia si Guantánamo viola la legalidad de EE UU

El Tribunal Supremo de Estados Unidos comenzó ayer a estudiar la legalidad de las detenciones indefinidas de "combatientes enemigos", tanto en la base de Guantánamo como dentro de EE UU. En una decisión que tendrá dimensiones históricas, los magistrados deberán delimitar los poderes del presidente George W. Bush en tiempos de guerra y establecer la frontera entre las libertades civiles y la seguridad nacional, en la lucha global contra el terrorismo. Está previsto que se pronuncien en junio.

Ayer se presentaron argumentos del primero de los tres casos enmarcados en ese debate constitucional, referido a si la base de Guantánamo forma parte de la jurisdicción de EE UU o no, al estar situada en Cuba. El Gobierno de Washington sostiene que no lo es, y por tanto a los cerca de 550 cautivos talibanes y de Al Qaeda no les amparan las garantías procesales reconocidas en la Constitución estadounidense. Los abogados de los 16 detenidos que presentaron la demanda que ahora estudia el Supremo creen que sí tienen derecho de apelar ante la justicia de EE UU, dado que Guantánamo es "a todos los efectos" territorio de este país.

El fallo del Supremo tendrá grandes repercusiones para la política del Gobierno de Bush contra el terrorismo. Cabe incluso la posibilidad de que tuvieran que desmontar Guantánamo, liberando a los detenidos, trasladándolos a otros países o permitiéndoles que recurran ante la justicia. Esta última opción ha sido descartada por los observadores, dado que implicaría delegar en los jueces decisiones de defensa y política exterior.

Los 12 kuwaitíes, dos británicos y dos australianos no piden que les liberen, sólo quieren presentar un recurso de habeas corpus para que un juez, civil o militar, decida si sus detenciones son legales y proceder en consecuencia. Los 16 están recluidos desde hace dos años junto al resto de los "combatientes enemigos" en un limbo judicial sometidos a constantes interrogatorios, sin haber sido formalmente acusados de nada ni poder recibir visitas de sus familiares. De hecho, ni siquiera conocen a sus abogados, con excepción del australiano David Hicks, "seleccionado" para comparecer ante un tribunal militar. Y los abogados de Hicks tampoco saben aún cuáles son los cargos en su contra.

La situación del penal de Guantánamo, sin precedentes en la historia reciente, ha motivado protestas nacionales e internacionales, a las que el Gobierno de EE UU ha hecho oídos sordos, a pesar de la credibilidad que les ha restado. Ayer mismo, el Supremo fue escenario de protestas pacíficas. No obstante, el abogado del Estado, Theodore Olson, trató de utilizar como precedente un fallo del Supremo de 1950 afirmando que los tribunales de EE UU carecían de jurisdicción para estudiar los casos de dos prisioneros alemanes capturados por EE UU junto a tropas japonesas en China.

Convención de Ginebra

La Casa Blanca y el Pentágono justifican las detenciones afirmando que los sospechosos de terrorismo no pertenecen a un ejército convencional ni responden a una cadena de mando militar, y por ello no les son aplicables los derechos legales reconocidos en la Convención de Ginebra para prisioneros de guerra. Bajo ese razonamiento crearon la categoría de "combatientes enemigos", sobre cuya constitucionalidad también deberá pronunciarse el Supremo antes de verano. En concreto sobre los casos de los "combatientes" José Padilla y Yaser Esam Hamdi, ciudadanos estadounidenses, encarcelados indefinidamente y sin cargos en la base militar de Charleston, Carolina del Sur.

Los argumentos orales de ambos están previstos en los próximos ocho días, y la pregunta central ante los magistrados es si el Gobierno tiene autoridad para detener a un estadounidense, ya sea en el extranjero (Hamdi) o en EE UU (Padilla), y mantenerlo bajo custodia militar con carácter indefinido. En estos casos sí existe un precedente reconocido. En la Segunda Guerra Mundial el propio Tribunal Supremo de EE UU autorizó al Gobierno a detener a 110.000 estadounidenses de origen japonés. Uno de ellos, Fred Korematsu, de 84 años, ha intercedido a favor de los detenidos de la guerra contra el terrorismo pidiendo a los magistrados que tengan en cuenta que "sólo entendiendo los errores de la historia podemos lograr un presente mejor".

Además de Korematsu, grupos e individuos han intercedido por los cautivos, entre ellos 175 miembros del Parlamento británico. El Gobierno cuenta igualmente con apoyo de varios grupos conservadores, como el Cato Institute. Irónicamente, quienes tendrán la última palabra para recortar los poderes de Bush en tiempos de guerra son los mismos magistrados que le auparon a la Casa Blanca tras las disputadas elecciones de 2000.