El Defensor del Universitario, ¿qué defiende?

La figura del Defensor del Universitario, cuya función es velar por los derechos de todos los miembros de su comunidad universitaria y cuyas actuaciones deben estar encaminadas a la mejora de la calidad universitaria en todos sus ámbitos, es ya obligatoria para todas las universidades (públicas y privadas), aunque empezó a existir en la década de los ochenta en muchas universidades. La labor del Defensor del Universitario es todavía poco conocida, incluso en ámbitos académicos, confundiéndose a veces con una oficina de quejas y reclamaciones. A partir de los casos particulares que recibimos, los Defensores del Universitario españoles recomendamos tanto soluciones particulares como soluciones generales, tendentes a la mejora de la calidad de la educación superior en sus respectivas universidades. Para ello proponemos modificaciones en normativas universitarias, procedimientos administrativos, etcétera. Además, la mediación en conflictos es otra tarea importante de todo Defensor.

Sería recomendable que se estimulase a los estudiantes de la propia comunidad con altas capacidades intelectuales

Los alumnos de familias con altos niveles de renta tienen más facilidades para lograr un rendimiento excelente

El conjunto de Defensores del Universitario españoles, reunidos en encuentros estatales o a través de su comisión permanente, analizamos también aquellos problemas comunes a todas las universidades cuya solución supera el ámbito de cada universidad. Mediante documentos consensuados entregados a los rectores de las universidades respectivas, realizamos propuestas de mejora que los rectores pueden dirigir a las autoridades competentes en la solución del problema. Para una mayor información, se puede consultar la página web de los Defensores del Universitario españoles (http://defensores.uji.es). En el ámbito europeo, los Defensores del Universitario están conectados en la red ENOHE (European Network Ombudsman in Higher Education), cuyas actividades se pueden consultar en la página web (http://www.uva.nl/enohe), y también organizan encuentros para analizar problemas comunes, como el celebrado el pasado mes de enero en Madrid.

Un ejemplo de los temas que nos preocupan al conjunto de Defensores del Universitario españoles, por ser objeto de abundantes quejas, se refiere a las becas destinadas a los estudiantes. Este tema fue analizado recientemente en un documento remitido a nuestros rectores, del que citaré algunos párrafos: "La profunda transformación social, el acceso generalizado a la formación universitaria, los imparables cambios de estilos y modalidades de vida de los jóvenes actuales requieren un replanteamiento global del contenido y de los criterios que rigen el sistema de ayudas pensado para garantizar la igualdad de oportunidades en la educación superior".

Parece evidente que uno de los objetivos fundamentales del sistema de becas es garantizar la igualdad de oportunidades en la educación superior. No es el único objetivo, como también se menciona en dicho documento: "Otros nuevos factores incrementan la necesidad de someter a revisión la globalidad de la política de becas: elevada movilidad estudiantil, condiciones de alojamiento y residencia, trabajo y estudio simultáneo, diversidad de ritmos de matriculación y progreso en los estudios, ayudas complementarias propias de las comunidades autónomas, etcétera".

Estas ayudas complementarias fueron uno de los temas planteados a la directora general de Universidades e Investigación de la Comunidad de Madrid por varios Defensores de Universidades madrileñas en una reciente entrevista. Resulta muy sorprendente que en las ayudas para la realización de estudios universitarios oficiales en las universidades adscritas a la Comunidad de Madrid, destinadas en principio a mejorar la igualdad de oportunidades, el pasado curso el importe total aproximado no llegara a 120.000 euros.

El número de alumnos matriculados en la Comunidad de Madrid en el presente curso 2003-2004 es de 276.298, por lo que resulta un importe aproximado de 0,5 euros por alumno. Sin embargo, el importe total aproximado de las ayudas para alumnos con aprovechamiento académico excelente concedidas el presente curso supera los 2.300.000 euros, que resulta en un importe aproximado cercano a los 10 euros por alumno. En opinión de esta defensora, manifestada personalmente a la directora general de Universidades e Investigación de la Comunidad de Madrid en la mencionada reunión, es excesiva la relación de 20 a 1 entre lo destinado a ambos tipos de ayudas.

Se puede entender que una razón de las ayudas al aprovechamiento académico excelente es que la Comunidad de Madrid quiera atraer a los estudiantes con los mejores expedientes a su distrito universitario, ahora abierto a los estudiantes de todas las comunidades autónomas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los alumnos cuyas familias disponen de altos niveles de renta tienen más facilidades para conseguir un rendimiento académico excelente, mientras que conseguir el nivel de excelencia puede resultar mucho más difícil para un estudiante cuya familia tenga una renta media-baja.

Otro asunto es el de los límites de renta familiar requeridos para disfrutar de una beca, que no existen en el caso de las ayudas al rendimiento académico excelente, pero que resultan muy bajos en el resto de las becas. Estos límites, como menciona el documento elaborado por los Defensores Universitarios españoles, "son tan reducidos que cabe preguntarse si es posible que alguien en estas condiciones, por más que disfrute de beca, pueda hacer frente a los mínimos gastos que conlleva su propia condición personal".

Es preocupante, además, la posible supresión para el próximo curso de la exigua cantidad que la Comunidad de Madrid destina a favorecer el acceso a estudios universitarios oficiales de estudiantes con rentas medias-bajas, mientras que considera prioritario mantener las ayudas a los alumnos con aprovechamiento académico excelente, cuya solicitud no requiere límite de renta familiar, como se ha mencionado. Además, la Comunidad de Madrid debe tener en cuenta el elevado coste de la vida en nuestra ciudad, sin duda un factor determinante para muchos padres de familia al tomar la decisión de que uno de sus hijos inicie una carrera universitaria. Este hecho ya se tiene en cuenta en algunos países europeos, como en Inglaterra, donde las propuestas recientemente remitidas al Parlamento consideran este factor y proponen que el mayor incremento de las ayudas se realice en Londres.

Los Defensores del Universitario, como dice la Ley Orgánica de Universidades (LOU), debemos dirigir nuestras actuaciones a la mejora de la calidad universitaria en todos sus ámbitos, y en este sentido me permito manifestar mi preocupación. Nos inquieta a muchos universitarios madrileños el nuevo rumbo que parece haberse marcado desde la Comunidad de Madrid en las relaciones con las universidades públicas madrileñas, en un momento tan delicado y complejo como el actual, donde la convergencia europea demanda tanto esfuerzo y representa un importante reto para la Universidad.

Mucho más preocupantes resultan las razones que han motivado las recientes manifestaciones de los rectores de las universidades públicas madrileñas, que ponen de manifiesto los problemas y las dificultades existentes con la Dirección General de Universidades e Investigación de la Comunidad de Madrid.

Esperemos que en un futuro próximo todas estas dificultades puedan solucionarse y consigamos el clima de diálogo y trabajo que necesitan las universidades de la Comunidad de Madrid. Sería recomendable, además, que se reconsiderase la distribución de los importes asignados a las ayudas mencionadas y que se estimulase a aquellos estudiantes de la propia Comunidad de Madrid con altas capacidades intelectuales, aunque no hayan conseguido el aprovechamiento académico excelente, a iniciar y proseguir estudios universitarios.

Pilar Gómez Ramos es Defensora del Universitario de la Universidad Autónoma de Madrid.