Viraje en la inversión pública

Obras son amores. Los nuevos ministros van a tener que abordar de inmediato alternativas a la renuncia al trasvase de agua desde el Ebro a Levante, y una cobertura legal apropiada para suspender la entrada en vigor de la liberalización ferroviaria y para la suspensión y rescate de multimillonarios contratos adjudicados por el PP en vísperas de las elecciones.

La idea es rescatar tiempo e inversiones comprometidas (tuberías para un trasvase que no se va a hacer o trenes AVE para líneas que en el mejor de los casos tardarán años en entrar en servicio) para llevar adelante cuanto antes una nueva política de infraestructuras y servicios de transporte con la que el presidente Zapatero quiera cimentar una nueva vertebración de España y un crecimiento más justo y respetuoso con el medio ambiente.

Además de una redefinición del modelo y de las prioridades en los proyectos de infraestructuras ferroviarias, en carreteras y puertos, también se van a producir cambios sustanciales en la política de vivienda. Para ello se ha creado un ministerio específico y se ha adelantado que se van a destinar más de mil millones de euros en gasto público a la vivienda. Su destino prioritario será facilitar el acceso de los más desfavorecidos a la vivienda, tanto en régimen de propiedad como de arrendamiento.

Otro tema que tendrá que abordar el nuevo Ejecutivo en breve es la renegociación de un acuerdo entre la Administración y los operadores de telecomunicación, suscrito una semana antes de las elecciones, para la implantación de la telefonía móvil de tercera generación (UMTS).

Dos de los principales objetivos de la política económica del PSOE -el aumento de la productividad y el de la competitividad- se basan en un único pilar: el I+D+i. El compromiso es aumentar el gasto dedicado a estas actividades en un 25% anual. Los nuevos gestores van a modificar el Plan Nacional de I+D+i y a sustituir las bonificaciones por subvenciones.