La mitad de los 11.000 inmigrantes irregulares ha acudido al Gobierno en busca de ayuda

La mitad de los inmigrantes que viven en Euskadi en situación irregular ha pedido ayuda al Gobierno a través de su servicio de atención jurídica y social. Más de 5.300 sin papeles han acudido en el último año y medio al servicio Heldu, abierto en las tres capitales, según el consejero de Asuntos Sociales Javier Madrazo. La ayuda para tramitar la documentación ha posibilitado que un total de 314 inmigrantes haya regularizado su situación. Madrazo pidió al nuevo Gobierno central socialista que derogue la ley de Extranjería y traspase competencias a Euskadi.

El titular de Asuntos Sociales, consejería de la que depende el servicio, calificó de "todo un éxito" la actividad de Heldu, que arrancó en diciembre de 2002 en Vizcaya y en marzo de 2003 en los otros dos territorios. Las tres capitales cuentan con oficinas de atención para los inmigrantes, quienes también pueden acceder a través de los servicios sociales de base de los ayuntamientos, los de menores de las diputaciones o el de justicia juvenil del Ejecutivo. Heldu está pensado sólo para los extranjeros sin permisos de residencia, salvo excepciones de personas con graves problemas.

Su objetivo principal es ofrecer orientación y asesoramiento jurídico y facilitar la primera documentación para que regularicen su situación. Gracias a un convenio suscrito con los colegios de Abogados de los tres territorios, once letrados (cinco en Bilbao, tres en San Sebastián y otros tres en Vitoria) trabajan en el servicio, junto a siete administrativos. El presupuesto de las tres oficinas suma 760.000 euros anuales.

Madrazo señaló que, pese a las dificultades para fijar un censo de los inmigrantes irregulares en Euskadi, su departamento calcula que rondan las 11.000 personas. Destacó que es un colectivo "con pocos lugares donde acudir y justamente Heldu está pensado para acogerles". En poco más de un año se han tramitado 10.400 citas, que corresponden a un total de 5.306 extranjeros sin papeles, lo que significa que "se ha llegado a buena parte de los inmigrantes irregulares". De esos más de 5.000 expedientes abiertos, un total de 1.927 se han remitido a la Administración central, que es la competente para legalizar su residencia en España.

Hasta el pasado 31 de marzo, el Gobierno central había resuelto 367 casos, de los que 314 ha supuesto la legalización. El Departamento de Asuntos Sociales calcula que otros 1.200 inmigrantes tendrán su documentación en regla durante los próximos meses.

De Colombia y Ecuador

El consejero especificó que entre los usuarios de este servicio de ayuda a los inmigrantes predominan las mujeres y que la mayoría tiene entre 26 y 45 años. Por procedencias, sobresalen los colombianos y ecuatorianos, con 1.721 y 1.290 extranjeros atendidos. Luego destaca el progresivo incremento de rumanos, que ya suman 357.

La mayoría de los expedientes se abren en las tres capitales, con Bilbao a la cabeza (1.508), seguida por San Sebastián (595) y Vitoria (448). En la capital alavesa, se espera un fuerte incremento, ya que el servicio se puso en marcha hace sólo cuatro meses. Asuntos Sociales resaltó también el importante número de personas atendidas en municipios como Getxo o Leioa, que se explica por la demanda de servicio doméstico, "un sector que es donde más irregularidades se dan", apuntó el asesor del departamento Andoni Basterra.

Este asesor aseguró que casi la mitad de los inmigrantes que acuden al servicio dice tener una oferta de empleo, por lo que calificó de "insensatez mantenerles en la ilegalidad".

Madrazo opinó que esta asesoría resulta "muy rentable" social y económicamente. Explicó que permite la atención a personas "en una situación dramática y abre la puerta a que dejen de estar en situación irregular y perciban ayudas. Pueden trabajar y así contribuir a la Seguridad Social". "No deben ser vistos", añadió, "como una amenaza, sino como un factor de enriquecimiento" para la comunidad autónoma.

El titular de Asuntos Sociales aprovechó la presentación del balance para pedir al nuevo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que derogue la ley de Extranjería y cree una comisión mixta entre los ejecutivos vasco y central para tratar la situación irregular de inmigrantes. Junto a ello, solicitó que se traspase a Euskadi la gestión de los procedimientos de documentación en los casos de arraigo y por motivos humanitarios, al tiempo que reclamó la transferencia a medio plazo de competencias inmigratorias.