"No pude ni marcar el 091"

Dos meses aferrada al teléfono móvil como única medida de protección. Así ha vivido Rosa María M. F., de 33 años, desde el pasado 9 de febrero, fecha en la que por dos veces acudió a comisaría para denunciar los malos tratos de su marido, Carlos S. D., de 37 años. El juez dictó entonces una orden que impedía al agresor acercarse a menos de 500 metros de la víctima. Pero el martes pasado Carlos violó la distancia prohibida. Y ayer Rosa María lo recordaba con amargura. "Él siempre fue muy agresivo", explicó a este periódico.

El martes, oculto en el rellano de la escalera esperó a que dieran las 7.45. A esa hora Rosa María abría la puerta para ir al trabajo y encaminar al niño a la escuela. Lo sucedido en los 10 o 20 minutos que siguieron a la entrada por la fuerza del hombre en la casa, fue tan atroz que algún vecino lloraban sólo de oír los golpes.

Una mujer que vive en el edificio explicó el pasado martes que los puñetazos y las patadas eran audibles desde varios pisos de distancia. Los agentes que han estado en contacto con la víctima y el agresor en los dos últimos días no pueden olvidar lo que han visto. "Él tenía los puños descarnados, hechos polvo de la cantidad y la dureza de los puñetazos que le dio. Y ella, pues se te cae el alma a los pies al verla. Es una mujer desfigurada, un rostro convertido en un saco de boxeo", contaron.

Las heridas que sufre Rosa María son muy graves. "Los médicos me han dicho que tengo la cadera fracturada y el bazo roto", explicó ayer a este periódico. La paliza del pasado martes ha sido la mayor que ha recibido de quien aún es su marido, pero no la primera. Desde que se casaron, en junio de 1994, la relación entre ellos era cada vez más tensa y los episodios de violencia cada vez más frecuentes y más duros.

"Él siempre ha sido muy nervioso y agresivo. Pero cada vez era peor. Primero crees que cambiará, luego vas viendo que nunca lo hará y que las cosas sólo pueden ir a peor". Al principio eran malas palabras, luego algún empujón. "Al final ya me agarraba por el cuello, me tiraba contra las puertas y empezó a amenazarme de muerte", añade la víctima.

"Tras denunciar a mi marido, la policía me dio unos teléfonos a los que llamar si él rompía la orden", explicó ayer, también por teléfono, desde la cama del hospital Gregorio Marañón, donde está ingresada desde el martes pasado. El móvil, sin embargo, no la salvó de recibir la brutal paliza que dejó la sangre helada a los vecinos. Tampoco la protegió de las llamas del fuego que el agresor prendió para arrasar la que había sido vivienda de la pareja hasta su separación en febrero. "Cuando él entró en casa y empezó a pegarme, no me dio tiempo ni de marcar el 091", recuerda Rosa María.

Tras muchos años de miedos, temores y angustias, Rosa María decidió por fin romper la relación el pasado 9 de febrero. Aquella mañana acudió a la comisaría de Villa de Vallecas para denunciar el maltrato y las amenazas de su marido. Bastaron sólo unas horas para demostrar la necesidad inmediata de protección policial para las víctimas de la violencia doméstica que denuncian los abusos: su marido le pegó una paliza en plena calle en cuanto supo que le había denunciado.

"Yo iba con mi hermana, que me acompañaba después de poner la denuncia. Estábamos llegando a casa y él se acercó hecho una furia. La policía le había llamado para comunicarle que yo le había denunciado. Nos pegó a las dos delante del portal de mi casa".

Tras la agresión, las dos fueron a la Comisaría de Puente de Vallecas a poner una segunda denuncia. La policía detuvo a Carlos y lo puso al día siguiente a disposición judicial. El auto del juez fue "impecable", según Montse Comas, presidenta del Observatorio Contra la Violencia Doméstica y de Género: "El juez actuó con celeridad y adoptó las medidas civiles y penales necesarias".

Entre las medidas cautelares penales, el juez prohibió al agresor acercarse a menos de 500 metros de su mujer, del domicilio conyugal o del hijo de la pareja, de seis años, y de los demás familiares de la mujer. Las medidas civiles le concedieron a ella la guardia y custodia del pequeño, el uso de la vivienda y una pensión de 300 euros mensuales para la manutención del niño.

Aferrada al móvil, Rosa María ha vivido los dos últimos meses. "No he tenido que llamar a la policía en este tiempo. No le he visto ni se ha acercado a casa", explica la mujer. Sin embargo, no ha vivido tranquila ni un solo día. "El teléfono de casa sonaba a veces. Lo cogía y nadie decía nada. Al cabo de unos segundos, colgaba".

La policía dice que la orden de protección "no supone que deba ponerse a la víctima o al agresor bajo custodia policial". Un argumento que esgrimen las fuerzas policiales es que no hay medios para vigilar a las más de 5.000 mujeres que en los últimos ocho meses han logrado que los jueces dicten una orden para protegerlas de sus cónyuges.

Pero esto es lo que permitió a Carlos S. D. acercarse tranquilamente a la vivienda familiar y agazapado, esperar a su víctima en el rellano de la escalera.

El agresor no quiso declarar ayer ante la policía y pasó a disposición judicial. Ha estado hospitalizado por una intoxicación leve a causa del humo del incendio que él mismo prendió. Presumiblemente ingresará en prisión por haber incumplido la orden del juez. Como es habitual en estos casos, Carlos culpa a la víctima de lo ocurrido.

"Él siempre me ha echado la culpa. Mientras me pegaba el martes me decía: '¡Hija de puta¡, me has arruinado la vida!".