Montserrat Comas: "Es imposible destinar un policía para cada mujer"

"La Ley de Protección ha sido muy positiva. Desde agosto, de las 6.000 órdenes concedidas (sobre 7.800 solicitadas), sólo en dos casos, uno en Granada y el del martes en Madrid, han acabado con muerte o intento de matar". Este balance, por más que las consecuencias sean dramáticas, le parece a la presidenta del Observatorio para la Violencia Doméstica y de Género y vocal del Consejo General del Poder Judicial , Montserrat Comas, aceptable. "Lo sucedido no puede hacernos cuestionar la bondad de la ley. Habrá que analizar estos casos y ver qué fallos se han producido", añade.

Ahora bien, la magistrada sabe que hay cosas por hacer, por ejemplo, acompañar a esta ley o a las que vengan del "presupuesto necesario para garantizar ayudas sociales y seguridad a las víctimas".

"Es imposible", prosigue, "pensar que pueda destinarse un policía para cada mujer víctima de malos tratos, pero sí debe haber criterios sobre cómo hacer el control y el seguimiento de las órdenes de protección", una tarea que atribuye apoyándose en la ley a los cuerpos de seguridad del Estado. Y una forma de hacer ese seguimiento sería, dice, dar un teléfono móvil a cada una de las víctimas en el que sólo se precise pulsar una tecla para que salten las alarmas.

Sobre los brazaletes electrónicos, que impedirían que el agresor se acerque a su víctima sin ser detectado, Comas precisa: "Debe haber una modificación legislativa para que la imposición al agresor de un brazalete electrónico pueda dictarse en fase de instrucción, antes del juicio. Creo que se han quedado cortos con esperar a que sea el juicio y la condena para imponer este detector".

Sobre los centros de reinserción opina que son necesarios y que "deben crearse más", porque, a pesar de que se ayuda a las víctimas concediéndoles la vivienda, la custodia de sus hijos y algún aporte económico, hay quienes se sienten más seguras en estos centros, que además "favorecen su reinserción". Por último, Comas espera con optimismo la llegada de la prometida ley integral contra la violencia doméstica.