La Junta andaluza debe indemnizar a una madre por quitarle a sus hijos

El juez de Familia número 7 de Sevilla, Francisco Serrano, incluyó ayer al Ministerio de Justicia entre los posibles condenados a indemnizar a Carmen Fernández por haber perdido a sus hijos Iván y Sara. Estos dos niños fueron acogidos por una familia adoptiva y llevan separados de su madre biológica desde 1996, pese a las sucesivas sentencias que le reconocieron el derecho a recuperarlos. En la última sentencia, el pasado mes de diciembre, la Audiencia de Sevilla dio la razón a la mujer, que había superado su problema de alcoholismo en 1997 (motivo de la retirada temporal de sus hijos que realizó la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía), aunque señaló que el paso del tiempo hacía imposible que los niños, que actualmente tienen 12 y 13 años, pudiesen volver con su madre por los perjuicios que sufrirían.

Ayer se suspendió la vista en la que el abogado de la madre de los niños, Gabriel Velamazán, iba a reclamar una indemnización económica de 2.168.000 euros a la Junta de Andalucía por ser la responsable de que los dos niños, que actualmente residen con su familia de adopción en el municipio sevillano de Dos Hermanas, no hayan vuelto con su madre y que ésta sufra por ello daños morales que la impiden trabajar.

Responsable subsidiario

El juez del caso ha aplazado la vista para fijar la indemnización por daños y perjuicios para trasladar el caso al abogado del Estado que tiene un plazo de 20 días para personarse en el procedimiento como posible responsable subsidiario, de acuerdo con la petición de la Fiscalía y el letrado de la Junta de Andalucía.

El abogado de Carmen Fernández, Gabriel Velamazán, señaló tras la suspensión del juicio su disconformidad por la decisión del juez. "No es lógico que estando en el final, una sentencia ejecutoria se paralice para determinar otra responsabilidad patrimonial. Hay una dilación indebida clarísima. Ésta es la mejor forma, alargar los procedimientos 10 años y así que no haya más problemas de menores". Para el letrado, el tiempo que lleva abierto el caso, siete años en el que se han dictado dos autos y tres sentencias, corre a favor de la familia adoptiva, pues los psicólogos han señalado siempre que es perjudicial que después de tanto tiempo los niños vuelvan con su madre biológica.

Carmen Fernández declaró ayer en el juzgado que no se rinde y señaló que la indemnización no es lo más importante. "No voy a renunciar a tener a mis hijos", afirmó. La responsable de la Asociación Pro Derechos Humanos, Asunción García Acosta, también criticó la labor de la Consejería de Asuntos Sociales y declaró que "retira niños a familias pobres y nunca a las ricas, es lo más fácil". La letrada de la familia de acogida declaró que la indemnización era "éticamente" alta, que las secuelas las han sufrido los menores y que desea que el juez solucione su situación jurídica y conceda definitivamente "las funciones tutelares" a los padres de adopción.

El Tribunal Constitucional declaró nulas las dos sentencias de la Audiencia que ordenaban el retorno de Iván y Sara con su madre, al considerar a los padres preadoptivos "parte" en el proceso. Tras retrotraerse las actuaciones, el juzgado de Familia estimó que el nuevo fallo, que anulaba los anteriores, era de "imposible cumplimiento" debido al interés de los menores.