El Ejército de Argentina prestará sus medios a la policía para combatir la delincuencia

Por primera vez desde la recuperación de la democracia, en 1983, el Ejército argentino prestará apoyo logístico y material a las fuerzas policiales en la lucha contra la delincuencia. Fuentes del Ministerio de Defensa precisaron que la medida no contempla en ningún caso la participación militar en operaciones de prevención y represión de delitos. Las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior, aprobadas bajo el Gobierno de Raúl Alfonsín, prohíben explícitamente cualquier tipo de intervención de las Fuerzas Armadas en la represión e inteligencia interna.

"Tiene que quedar claro que personal militar no participará en las operaciones para luchar contra la delincuencia", subrayó Fabián Dabul, portavoz del Ministerio de Defensa. El titular de esta cartera, José Pampuro, y el nuevo ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, León Arslanián, han firmado un acuerdo, según el cual el Ejército brindará apoyo a la policía bonaerense en diferentes áreas. Por una parte, helicópteros militares participarán en operativos y misiones de vigilancia, "con personal exclusivamente policial", según Dabul. El Ministerio de Defensa ha puesto a disposición de la policía otro tipo de transportes y comunicaciones del Ejército y, si fuera necesario, de las otras dos ramas de las Fuerzas Armadas (Marina y Fuerza Aérea).

Asimismo, tres instalaciones militares de la provincia de Buenos Aires que están desocupadas -Magdalena, Arana y Villa Martelli-, serán transformadas en centros de detención para albergar a los 6.000 presos que están hacinados en las comisarías de la provincia. Las pésimas condiciones de detención de alrededor de 30.000 presuntos delincuentes en comisarías y cárceles, cuya capacidad total no supera los 11.000, es un problema de seguridad añadido en la conflictiva provincia.

El Gobierno federal también estudia la posibilidad de que el Ejército asuma la vigilancia de puntos estratégicos, como centrales hidroeléctricas y presas, cuya custodia está a cargo de la Gendarmería y la Prefectura. Este cambio permitiría destinar estos últimos efectivos a la lucha directa contra la delincuencia. La colaboración del Ejército en la lucha contra el crimen ya se había analizado en anteriores ocasiones, según declaró Horacio Jaunarena, que ocupó la cartera de Defensa en los Gobiernos de Alfonsín y de Fernando de la Rúa. "La seguridad es una cuestión de Estado para todos los bonaerenses", señaló ayer. En la última campaña electoral, el ex presidente Carlos Menem proponía la intervención del Ejército en tareas de combate a la delincuencia, sin fijar claramente los límites de dicha participación.

El anuncio de la medida coincidió con la toma de posesión del juez Arslanián al frente de la cartera de Seguridad, la más difícil del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, cargo que ocupó en 1998-1999 a las órdenes del entonces gobernador Eduardo Duhalde. El nuevo jefe de Seguridad se sitúa políticamente en la órbita del Partido Justicialista (PJ, peronista) y presidió el tribunal que juzgó a las juntas militares de la dictadura en 1985. "El problema más grave de la policía de Buenos Aires es la corrupción", dijo Arslanián en su discurso inaugural en la sede de la Gobernación, en la ciudad de La Plata. El nuevo ministro fue contundente a la hora de emitir su primer diagnóstico sobre la violencia. Criticó el modelo policial heredado de la dictadura, aseguró que la policía es incapaz de asumir el control de la sociedad, apuntó al primer cordón del conurbano bonaerense como el foco más problemático por reunir la mayor exclusión social y marginalidad, y advirtió que asume el cargo en circunstancias "tanto o más difíciles" que cuando lo hizo seis años atrás.

Formalmente, Arslanián cuenta con el respaldo pleno del Gobierno que preside el peronista Néstor Kirchner. La colaboración ofrecida desde el Ministerio de Defensa es un gesto en esta dirección. Una vez en el cargo, está por ver con qué obstáculos tropezará el jefe de Seguridad para llevar a cabo su plan. Arslanián quiere participación ciudadana en el control del funcionamiento de la policía, a través de los foros de seguridad comunitarios. Quiere una policía para el Gran Buenos Aires, pero para ello hay que reformar la ley. Quiere una policía metropolitana. Y quiere más presupuesto. Se habla de una partida anual extra de 52 millones de dólares para 1.500 nuevos agentes, armamento y coches patrulla. Junto al esquema diseñado por Arslanián, el Gobierno federal tiene previsto anunciar la semana próxima un plan nacional de seguridad que ha sido elaborado en el Ministerio de Justicia.