Un SOS desde Filipinas

La vida del joven de 26 años Francisco Larrañaga, hijo del ex pelotari guipuzcoano Manuel Larrañaga y de Margarita Osmeña, nieta del histórico presidente de Filipinas Sergio Osmeña, dio un giro de 180 grados el 16 de julio de 1997. Ese día desaparecieron de la isla filipina de Cebú las hermanas Marijoy y Jacqueline Chiong, de 19 y 21 años. Francisco, Paco, asegura que en esa fecha se encontraba en Manila, a 300 kilómetros del lugar del suceso. 35 testigos corroboran su versión. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Filipinas le condenó el pasado febrero a la pena de muerte mediante inyección letal acusado de participar, junto a otras seis jóvenes de familias influyentes, en el secuestro, violación y asesinato de las dos hermanas.

"La sentencia se basa en un proceso judicial sin las más mínimas garantías ni pruebas físicas", aseguran

"La condena se basa en un proceso judicial sin las mínimas garantías, sin pruebas físicas ni móvil", sostienen la familia y el abogado de Paco, que han recurrido la sentencia. Piden que se revise el caso, y solicitan al Tribunal Supremo que revoque la actual sentencia, de manera que pueda celebrarse un juicio "justo, con garantías y con todos los medios de prueba", explicó ayer el letrado del joven en España, Javier Viada, en la Diputación de Guipúzcoa. Y es que el abogado y los allegados del joven condenado, que cuenta con la nacionalidad española y filipina, se han puesto en contacto con la entidad foral y el Gobierno vasco -en breve lo harán con el Ministerio de Asuntos Exteriores-, con el fin de que demanden a las instituciones del país asiático que garanticen y respeten los derechos de Paco.

"Si la Corte Suprema Filipina se siente observada desde el exterior, al menos afinará más en su resolución", apuntó Viada, quien indicó que el Ejecutivo autonómico "presiona ya" ante la embajada filipina en Madrid. La Diputada de Derechos Humanos, Mari Carmen Marín, adelantó que la Diputación guipuzcoana no descarta llevar a cabo algún tipo de campaña para exigir que se respeten los derechos del joven de origen vasco, quien permanece encarcelado desde su detención en septiembre de 1997.

El padre del joven, Manuel, abandonó con 20 años su pueblo natal de Alegia, donde trabajaba como carnicero, para inaugurar un frontón de pelota vasca en Cebú. Allí conoció a su esposa, Margarita Osmeña, Margot, una joven de la elite filipina. El matrimonio tuvo tres hijos. El más pequeño es Paco, que "se ha visto envuelto en un drama impresionante", subrayó ayer su tío, de igual nombre, al recordar la trayectoria de su hermano Manuel.

"Se le ha implicado en un crimen que no pudo cometer. El 16 de julio por la mañana se presentó a un examen en la escuela de Manila en la que estudiaba para cocinero. Los profesores le vieron. Por la noche, estuvo tomando unas copas con los amigos para celebrar el fin de curso. Y, a la mañana siguiente, acudió a otro examen, tras lo que se despidió de sus amistades y, por la tarde, cogió un avión hacia Cebú. Hay testigos", defendió el tío del joven.

Sólo un testigo, David Valiente Rusia, vinculado laboralmente con la familia de las víctimas, relaciona a Paco Larrañaga con el crimen. Tras el arresto del joven, la defensa presentó el testimonio de 35 personas que aseguran haber estado con el chico cuando se produjeron los hechos. "El juicio fue un linchamiento contra los acusados. A Paco ni siquiera se le permitió declarar", argumentó Viada.

La policía sólo ha encontrado un cadáver, calcinado, que el forense de la Fiscalía atribuye a Marijoy Chiong. Sin embargo, no se ha permitido practicar pruebas de ADN para ratificar la identificación. La otra supuesta víctima no ha sido hallada, según explica el letrado.

El juez impuso a Paco y a los otros seis acusados, también de familias influyentes, dos penas de cadena perpetua por secuestro. El magistrado, oficialmente, se suicidó dos meses después. Los imputados recurrieron la sentencia ante el Supremo, que elevó la condena a pena de muerte, pues da por probado que el cuerpo encontrado pertenece a Marijoy. Ahora tiene un plazo máximo de cuatro años para responder a la apelación de la familia de Paco.

¿Y por qué alguien implicaría a estos jóvenes aunque supuestamente fueran inocentes? "Para esta gente es básico que el crimen no quede sin resolver caiga quien caiga, y cuanto más famoso, más vengado queda", relató Viada. Los rumores no descartan un ajuste de cuentas contra el padre de las chicas, responsable de varios negocios hosteleros, o incluso que éste las haya puesto "a salvo". "La única realidad es que no han aparecido", añadió el letrado.