Tribuna:POLÍTICA CIENTÍFICA
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El Pacto de Estado por la Ciencia, los mandarines y los otros

Existe una relación directa entre el nivel científico y tecnológico de un país y su nivel económico. Una consecuencia de las carencias españolas en tecnología es el paro estructural que sufre España desde hace una generación, el más elevado de la Unión Europea.

Jeffrey Sachs (Universidad de Columbia) ha mostrado que los países con tecnología propia tienen el 15% de la población mundial y generan el 55,5% del producto bruto del mundo.

Ante este problema, 11 destacados científicos biomédicos han publicado un manifiesto (el Manifiesto) dirigido al Gobierno, partidos, comunidades autónomas y agentes socioeconómicos, en el que se propone duplicar la inversión en ciencia y tecnología hasta alcanzar en 2010 la media europea actual del 2% del PIB (EL PAÍS, 20 de febrero de 2004).

La pretensión de duplicar el presupuesto de I+D hasta 2010 es una ilusión interesada
En ninguna institución científica con prestigio los investigadores son funcionarios

La eliminación del atraso español no se logrará aumentando a escala europea nuestro porcentaje del PIB dedicado a I+D, porque nos enfrentamos ante todo a un problema de organización y calidad. En el año 2001, los PIB español y suizo fueron de 582.000 y 247.000 millones de dólares (Banco Mundial). España, con el 0,9% de su PIB, dedicó un total de 5.290 millones a I+D, mientras que Suiza, con su 2,75%, dedicó 6.790 millones. El gasto suizo en I+D es un 30% superior al español; pero el promedio de patentes suizas registradas por año en Estados Unidos en el quinquenio 1997-2001 es de 1.519, mientras que el promedio español es de 154 (Oficina de Patentes de EE UU, USPTO). Por otra parte, el número de científicos suizos que figuran entre los autores más citados en las revistas científicas y técnicas internacionales se eleva a 74, mientras que en España hay 11 autores entre los más citados (Institute for Scientific Information de Filadelfia). Estos dos indicadores, de tecnología (medida por las patentes) y de ciencia (medida por autores más citados), son diecisiete veces mayores en Suiza que en España, cuando el presupuesto suizo de I+D supera al español en un 30%. Y Suiza tiene unas seis universidades investigadoras, un número que es unas diez veces menor que el de universidades españolas, 71.

Como consecuencia, Suiza tiene empresas farmacéuticas como Novartis, Hoffmann La Roche, Serono (la compañía de biotecnología más grande de Europa y tercera del mundo) y empresas de alimentación (Nestlé) que compiten a escala mundial con las de Estados Unidos.

En el Manifiesto se menciona la importancia vital de los investigadores para desarrollar proyectos de envergadura "capaces de generar innovación y, por tanto, riqueza". Esto es obvio; no obstante, los firmantes del Manifiesto son mandarines, es decir, todos cobran sus sueldos con cargo a las nóminas del Estado o de las autonomías, la mayoría como funcionarios, y el resto, como empleados de fundaciones públicas (Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, CNIO, y Centro de Regulación Genómica, CRG). En todas las épocas y países, desde la China imperial hasta la Francia del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), y la España del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), los mandarines nunca han creado riqueza, ni lo han intentado. No es su misión. Su misión es hacer investigación básica a largo plazo (hasta el retiro). La investigación aplicada, la innovación, la creación de riqueza, las tienen que hacer los otros.

Piden incorporar nuevos científicos al sistema mediante la promoción de nuevos investigadores "hasta alcanzar la media europea en 2010 (8,3 investigadores por cada 10.000 ciudadanos, frente a los 4,2 actuales)". Esto implica que el Estado debería incorporar a los organismos públicos de investigación (OPI) los doctores que ellos mismos producen y que no pueden emplearse en ningún otro sitio; es decir, se propone la expansión a gran escala del mandarinato.

En ninguna institución científica del mundo con un alto grado de excelencia y prestigio los investigadores son funcionarios. Cito algunos ejemplos: Universidad de Harvard, Universidad de Cambridge, Escuela Politécnica Federal de Zúrich, Instituto Pasteur de París, Universidad Rockefeller de Nueva York, Los Álamos National Laboratory.

Por tanto, primera medida: declarar a extinguir el estatuto de funcionario de las universidades públicas y de los OPI. Este cambio es esencial y posible. En Suiza, una ley de 24 de marzo de 2000 eliminó a los funcionarios federales. En España, el Real Decreto del 29 de noviembre de 2002 resolvió el problema de los profesores funcionarios de la Orquesta Nacional respetando sus derechos adquiridos, pero determinando que "en lo sucesivo, la Orquesta Nacional de España estará formada por profesores en régimen laboral". Lo mismo con los funcionarios de Correos.

El gobierno y el poder en las universidades y en los OPI deben ser ejercidos independientemente del poder político. Hay sistemas probados, tanto en Europa como en Estados Unidos, en los que ésta es la norma básica desde hace décadas. El gobernador de California nombra a los regentes de la Universidad de California (UC) para mandatos de 12 años, mientras que el mandato del gobernador es de cuatro años. Por tanto, los nombramientos de los regentes perduran después de la elección de un nuevo gobernador. La Junta de Regentes de UC gobierna independientemente del poder político, no sólo a los nueve campus de UC (Berkeley, Los Ángeles, San Diego...), sino también a los dos grandes laboratorios nacionales de Los Álamos y Livermore. La Junta de Regentes de UC nombra y destituye al presidente de la Universidad, y éste a su vez nombra y destituye a los directores de Los Álamos y Livermore. El Gobierno federal suizo nombra a los nueve miembros del Consejo de las Escuelas Politécnicas Federales (EPF de Zúrich y de Lausanne) para un periodo de cuatro años. A su vez, el Consejo de las EPF nombra a los presidentes y rectores de ambas escuelas. En UC y EPF, el máximo poder ejecutivo es ejercido por sus presidentes, los cuales no pueden ser profesores de las universidades, y tienen el poder inapelable de rechazar las propuestas de nombramientos de profesores vitalicios hechas por las distintas facultades, cuando lo juzgan necesario. Este mecanismo, conocido y probado, y existente también en Inglaterra, evita la endogamia, la cual en las universidades públicas españolas constituye un escándalo nacional e internacional.

En la segunda quincena de septiembre de 2002 se celebró, en la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid, el I Congreso sobre Corrupción en la Universidad Pública Española. Cien profesores de distintas universidades públicas debatieron los problemas que afectan a estas instituciones: endogamia, prevaricaciones, exclusión de profesores independientes o que se niegan a participar en la corrupción, etcétera. Las actas de este Congreso constituyen una verdadera crónica de horrores.

En el Manifiesto se afirma: "Ninguna de nuestras universidades forma parte de las cien mejores del mundo en resultados de investigación". Evidente.

Por tanto, segunda medida: dotar a las universidades públicas y OPI de plena independencia del poder político, por medio de sistemas de gobierno similares a los de las EPF suizas o de la Universidad de California. Porque la historia de las grandes universidades e instituciones científicas del mundo apunta a un principio universal: todas han alcanzado la excelencia después de décadas o siglos de estabilidad en los que se han regido por una serie de valores universales. Entre éstos ocupa un lugar clave la independencia del poder político.

Así que la pretensión de progresar rápidamente en ciencia y tecnología duplicando el presupuesto de I+D en el periodo desde el presente hasta el 2010 es sólo una ilusión interesada. Primero hay que resolver los gravísimos problemas estructurales, de los que he mencionado algunos. Si esto no se hace, hay datos objetivos que permiten afirmar que el aumento de los presupuestos empeoraría la situación a medio y largo plazo, quizás de forma irreversible.

Claude Allègre, ex ministro francés de Educación, Investigación y Tecnología en el Gobierno de Jospin, en una comparecencia ante el Senado el 11 de octubre de 2001, trató algunas de estas cuestiones. Dado que el CNRS es un organismo muy similar al CSIC, sus reflexiones tienen una relevancia obvia para la situación española. Describió al CNRS como un organismo de tipo soviético que funciona en circuito cerrado, es decir, con muy poca repercusión en la sociedad. La presión continua del mandarinato y de los sindicatos para aumentar el número de mandarines ha conducido a una situación en la que "en Francia sobran la mitad de los investigadores, mientras que los medios asignados por investigador son notoriamente insuficientes".

Allègre declaró que para que una institución funcione en circuito abierto, tiene que ser un vivero de empresas (spin-offs). Y cita como ejemplo a la Universidad de Cambridge, en cuyos alrededores hay un conjunto de 1.600 empresas de alta tecnología denominado Silicon Fen. El Imperial College of Science and Technology de la Universidad de Londres lleva a cabo investigaciones aplicadas que son el origen de dos nuevas empresas tecnológicas por mes. En Estados Unidos, el ejemplo emblemático es la Universidad de Stanford, cuna de Silicon Valley. En la Universidad de Barcelona hay un parque científico que cuenta ya con 11 empresas en el área biomédica.

Allègre manifestó que hoy no hay diferencia entre la investigación básica y la aplicada. Esto es discutible, aunque cierto en áreas como la biología molecular y la biotecnología. Sus objetivos son sintetizar moléculas con propiedades terapéuticas específicas contra diversas enfermedades (cáncer, Alzheimer, hipertensión...). Los OPI españoles dedicados a la biología molecular deberían tener los mismos objetivos que compañías como Serono (Ginebra) y Almirall Prodesfarma (Barcelona). Serono ha desarrollado medicamentos como Rebif, utilizado para el tratamiento de la esclerosis múltiple; desde su aprobación en 2002 por la Federal Drug Administration (FDA), Rebif ha ganado el 12,5% del mercado de Estados Unidos en esta especialidad. Almirall Prodesfarma es la primera compañía farmacéutica española que logró la aprobación de la FDA para un medicamento propio (mayo de 2001). Éste se comercializa en Estados Unidos bajo el nombre de Axert, y en España, bajo el de Almotriptan. Es eficaz contra los dolores agudos de cabeza de las migrañas.

El director de I+D de Almirall Prodesfarma es José María Palacios. Es uno de los 11 científicos españoles que figuran entre los científicos más citados en las revistas científicas internacionales (Institute for Scientific Information de Filadelfia, ISI). Fue profesor de investigación en el CSIC en 1990-1993 y renunció a su condición de funcionario para trabajar en el sector privado.

Con ocasión de las recientes manifestaciones de científicos en Francia, en protesta contra los recortes presupuestarios del Gobierno (EL PAÍS, 10 de marzo de 2004), dos premios Nobel, un ganador de la medalla Fields (máxima distinción mundial en matemáticas) y el director del Instituto Pasteur han declarado que lo eficaz sería crear pequeños centros de investigación muy autónomos ligados a las universidades, en vez de mantener al CNRS, una burocracia soviética con 25.000 funcionarios cuya edad media es de 47 años.

Las instituciones burocráticas como el CNRS y el CSIC son nóminas estatales cuya metástasis hay que evitar, si no es posible eliminarlas por completo.

José Canosa es doctor en Física Aplicada por la Universidad de Harvard y antiguo investigador en el Centro Científico de IBM en Palo Alto.

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