Multazo a Telefónica

El Tribunal de Defensa de la Competencia ha impuesto a la compañía Telefónica de España la mayor multa de su historia por bloquear el cambio de operador. La argumentación es sencilla, aunque de gran significación para el funcionamiento de la libertad de mercado en ese sector: Telefónica se ha servido de su posición dominante para bloquear la libre opción de los consumidores para elegir y para disuadir por medios no lícitos a cambiar de operador. La denuncia fue presentada en diciembre 2001 ante el Servicio de Defensa de la Competencia (Ministerio de Economía) por la Asociación de Empresas Operadoras y de Servicios de Telecomunicaciones, aunque el tribunal subraya que dichas prácticas no han dejado de llevarse a cabo pese a la instrucción del expediente.

La cuantía solicitada por los demandantes era mucho más elevada que los 57 millones de euros de multa, equivalentes al 1,5% de la facturación en 2003 de Telefónica. Más relevante que el impacto de la sanción sobre la cuenta de resultados del operador telefónico es el precedente establecido, que obliga a las instituciones a estrechar la vigilancia sobre este tipo de prácticas. No es comprensible que episodios de la trascendencia económica del ahora fallado se eternicen en ese tribunal.

Salvo en el Reino Unido, los operadores que disfrutaron de su anterior monopolio conservan una parte importante del mercado en telefonía fija y no se puede decir que hayan facilitado el acceso de los nuevos competidores. Pero que España no sea un caso excepcional no quita para que se haya de aprovechar esta lección en la nueva etapa política que ahora se inicia. Ser consecuentes con el funcionamiento de una economía de mercado exige un esmerado y eficiente funcionamiento de aquellas instancias que han de velar por su pulcritud, por la verdadera libertad y por la igualdad de oportunidades. De lo contrario, los procesos de liberalización y desregulación quedarán en meros cambios en el ejercicio del poder económico, pero no producirán una mayor, y por tanto mejor, oferta real para el consumidor, que es quien acaba soportando los abusos.