Navarra crea un baremo único y obligatorio para adjudicar las viviendas protegidas

El Parlamento de Navarra admitió ayer a trámite para su debate el proyecto de ley de Protección Pública de Vivienda, que establece la imposibilidad de descalificar una vivienda protegida en los 30 años siguientes a su adquisición. Esta cláusula destinada a evitar el fraude, es una de las novedades de la reforma, que crea de un nuevo tipo de VPO, la vivienda de precio pactado, y obliga a ocupar el piso como domicilio permanente a los seis meses de la adjudicación.

No obstante, la innovación clave del plan de choque impulsado por el departamento de Vivienda dirigido por José Andrés Burguete (CDN) es el baremo único y obligatorio de acceso, previa convocatoria pública, para optar a la adjudicación de vivienda protegida, tanto de promoción pública como privada. La demanda actual de vivienda en Navarra se acerca a los 10.000 pisos. Actualmente hay sólo 5.000 viviendas iniciadas. El PSN-PSOE ha acogido con agrado y cautela la ley. Su secretario general, Juan José Lizarbe, indicó ayer que el problema radica en la necesidad de que el Gobierno foral, consiga además "sacar al mercado la mayor cantidad posible de suelo para construir vivienda social".

El baremo único, que deben asumir todas las promotoras, irá acompañado de la creación de un censo único y centralizado de demandantes, que será supervisado por la empresa pública Viviendas de Navarra SA (VINSA).

El baremo garantiza, con carácter general, una reserva prioritaria del 3% de los pisos a colectivos protegidos legalmente, como minusválidos, víctimas del terrorismo y la violencia de género, familias realojadas y familias numerosas. A partir de ahí, las viviendas se adjudicarán entre personas empadronadas en Navarra. La reforma de CDN, que según algunos observadores no fue demasiado bien vista por sus socios de UPN en el Gobierno, completa una legislación que destina ya 50% del suelo edificable a vivienda protegida y contempla fórmulas de financiación para facilitar el alquiler.

El texto legal, que incorpora sugerencias de promotores, constructores, alcaldes y otros organismos del sector, añade la expropiación forzosa al derecho preferente de tanteo y retracto que ya poseía el Gobierno navarro. Esa capacidad se usará en los casos en que los propietarios de pisos protegidos desatiendan los requerimientos para ocupar la vivienda como domicilio habitual y permanente en los siguientes seis meses a la compra.

Quienes deseen una descalificación anticipada de su piso deberán justificar la única causa de excepción contemplada en la ley: la inadecuación de la vivienda al crecimiento de la familia. Incluso en ese caso, los adquirientes estarán sometidos al control del Gobierno, que tiene dos años para proporcionar otra vivienda protegida más adecuada en un radio máximo de diez kilómetros.