Oferta rechazada y subasta

El propietario, Taefi Alí, tuvo que competir con otras empresas y con el Ayuntamiento de Madrid, pero consiguió comprar el edificio a la Fundación Virgen del Carmen, San José y San Luis por 3,1 millones de euros.

Esta cantidad no incluía la deuda que la fundación había contraído con el Ayuntamiento (1,7 millones de euros) y cuyo pago era obligatorio para el nuevo propietario, lo que Cintia Real, SL, hizo en octubre de 2003.

La fundación, domiciliada en la localidad burgalesa de Trespaderne, adquirió el inmueble por testamento en 1926. El paso de los años, la progresiva degradación del palacio y la falta de recursos económicos hizo que la fundación se endeudara con el Ayuntamiento de Madrid por el impago de multas y reparaciones. Estas deudas obligaron a la fundación a desprenderse del palacio y de otras dos fincas próximas a éste.

El alcalde de Trespaderne y presidente de la fundación, José Luis López Martínez, asegura que el Ayuntamiento de Madrid nunca inició una acción contra la fundación para cobrar la deuda o embargar el edificio. Además, asegura que, conocedor del interés del Consistorio por adquirir el inmueble, negoció directamente con el Ayuntamiento en septiembre y octubre de 2000 para venderle el palacio, contacto que confirma el grupo socialista en el pleno. Según el alcalde de Trespaderne, la cantidad negociada fue de 300 millones de pesetas (1,8 millones de euros).

El Ayuntamiento finalmente no compró el palacio. Sin embargo, cinco meses más tarde, en la subasta del 23 de marzo de 2001, pujó en sobre cerrado precisamente con 1,8 millones de euros. Esta maniobra extraña a la oposición. Para el concejal socialista del distrito Centro, José Manuel Rodríguez Martínez, no es normal que "unos meses antes se desprecie una oportunidad de compra y luego se haga una oferta con la misma cantidad que se había negociado antes". El grupo socialista no descarta llevar este asunto al pleno.

El grupo socialista de la Asamblea de Madrid también ha intervenido. El diputado Antonio Chazarra Montiel formuló el pasado 2 de abril tres preguntas a la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad para conocer el grado de protección del palacio, las iniciativas para sus protección y la posibilidad de incoar expediente para proteger el inmueble a través de la Ley 10/98, de Patrimonio Histórico de la Comunidad.