LA CRÓNICAColumna
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Cambiamos hortalizas por adobe y adosados

La Unió de Llauradors y la Asociación Valenciana de Agricultores no suelen ir de la mano. Por su composición social, perfil político y desigual reparto de subvenciones a menudo se atienen a estrategias y tácticas distintas para defender sus intereses corporativos. Pero cuando las dificultades aprietan y la crisis de la agricultura valenciana se agudiza, como en estos momentos, ambas agrupaciones se sienten obligadas a soslayar las diferencias con tal de sumar fuerzas y postular soluciones a unos problemas que les conciernen por igual y que bien pueden conllevar el despoblamiento de este sector en un plazo de 10 o 15 años.

La previsión suena a exagerada, pero los datos avalan el pronóstico. Baste decir que nuestras acreditadas tierras de regadío han perdido 120.000 hectáreas en el transcurso de los últimos diez años y el encogimiento, tanto de superficie como del censo humano, no cesa. A las nuevas promociones no les atrae el trabajo en el campo, los viejos aguantan porque no tienen alternativa y en numerosos casos resisten a la espera de que la presión urbana les engulla las parcelas a precio de solar edificable. Es la máxima rentabilidad imaginable a tenor de los costes que pagan y los precios que perciben por sus producciones.

En contrapunto a este desguace, al parecer imparable, el precio de la tierra no para de crecer, lo que disuade e impide abordar un remedio al secular minifundismo, acerca del cual también fracasó el cultivo en común. Para acabarlo de arreglar, la contaminación medioambiental merma los rendimientos de las cosechas y la precariedad del agua es otra aflicción en perspectiva o que ya se sufre acusadamente en algunas comarcas. En realidad, viejos achaques que con trinos más o menos dramáticos se vienen denunciando por los colectivos agrarios y acerca de los cuales se acumulan sesudos diagnósticos que no han servido para nada hasta ahora. Da la impresión de que los lamentos del sector agrario son escuchados tan solo en vísperas de elecciones. Fuera de esa circunstancia las quejas del agro se tienen por jeremiadas.

Y no ha de extrañarnos. El campo ha perdido la temperatura política que tuvo en otros tiempos, cuando su participación en el Producto Interior Bruto era determinante y al peso económico se añadía el laboral y demográfico. Pero hoy, la participación del sector en el PIB de la Comunidad no es superior al 3% y, como queda dicho, los jóvenes huyen literalmente de una actividad que se delata ruinosa y exigente. Un fenómeno que coexiste, sin embargo, con la revalorización de las mejores tierras productivas y el empeño de las organizaciones agrarias en salvar a todo trance el sector antes de arrojar la toalla mediante la venta o deslocalización sus campos.

Y a todo esto, ¿qué dice la Administración autonómica? Pues dice poco o nada. Por lo pronto, el Gobierno, sin coraje para suprimirla, ha convertido esa Consejería de Agricultura en una suerte de apartadero en el que estacionar políticos sin expectativa de destino. El que vale, vale, y quien no, al reposado labrantío burocrático. Y así nos va. Con muy pocas excepciones, sus dirigentes no distinguen entre olivas y azufaifas, y les viene justo cuando de coles y lechugas se trata. Tampoco lo necesitan. Ni ellos ni el Consell en pleno se han planteado la necesidad de diseñar un modelo para la agricultura valenciana, en virtud del cual se aborden con rigor los déficit referidos y se despeje su futuro. No hacerlo puede depararnos el patético y pronosticable trance de que el reputado sector agrario se apague en sintonía con la imparable amortización del Tribunal de las Aguas antes de que éste se convierta -cual ya es- en una mera reliquia turística.

Lo aquí dicho puede antojársenos una demasía futurista a pesar de resultar evidente que la agricultura autóctona se encoge con la presteza anotada y que el País Valenciano, con igual o superior dinamismo, se consolida como un espacio residencial tan privilegiado para el asentamiento de las nuevas gentes como ubérrimo lo es y ha venido siendo para la crianza de hortalizas y frutales. ¿Dónde está la feraz y llorada huerta capitalina, qué intereses priman en la Vega Baja o en otros parajes de tradición agraria? El adobe y la innovación. mandan.

TRANSPARENCIA

La Generalitat de Catalunya ha publicado los sueldos que perciben sus estamentos dirigentes, presidente y consejeros. Todos, comparativamente, salen bien arreglados. Pero al margen de la opinión que nos merezca esas retribuciones, lo singular y plausible del caso es el destape. No son datos que se oculten, pero suelen disimularse y a menudo enredarse de tal modo que acaban siendo un arcano. Julio Iglesias, Bigas Luna, Irene Papas, Helga Smith, estrellas de TVV, y etcétera tienen derecho a cobrar lo que negocian o se les regala, pero también los administrados hemos de saber qué nos cuestan. Es una norma elemental de la democracia madura. A ver si el ejemplo de nuestros parientes de arriba cunde por esto pagos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 03 de abril de 2004.

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