7.800 órdenes y una muerte

Casi 1.000 al mes. Desde que entró en vigor, hace ocho meses, los jueces han dictado aproximadamente 7.800 órdenes de protección en favor de las víctimas de la violencia doméstica, según la comisión de seguimiento de esta nueva herramienta judicial.

La orden de protección, aprobada con el consenso de todos los grupos del Parlamento, permite a los jueces dictar medidas civiles y penales provisionales en un plazo máximo de 72 horas tras recibir una denuncia por maltrato familiar. Hasta ahora han concedido ocho de cada 10 peticiones, según la citada fuente. La inmensa mayoría de los beneficiarios son mujeres.

La medida más habitual incluida en la orden de protección es de orden penal: el alejamiento del agresor. Se decide en 9 de cada 10 ocasiones. El juez informa de ello a las fuerzas y cuerpos de seguridad, encargados de velar por la protección de la víctima. En el caso de Encarnación Rubio, la primera mujer con orden de protección asesinada por su agresor (ocurrió el miércoles pasado en un pueblo de Granada), la Guardia Civil ha criticado que la juez no concretara qué tipo de protección debía otorgar a la mujer. Según la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica, la magistrada Montserrat Comas, esa tarea no es competencia de los jueces, ya que son las fuerzas y cuerpos de seguridad quienes deben decidir cómo aplican la protección. De hecho, los jueces suelen atenerse a esa pauta y tienden a ordenar la protección con términos genéricos", según la comisión de seguimiento. La orden de protección también puede incluir medidas civiles como la atribución del domicilio.