El Plan de Inmigración reconoce por igual a legales y 'sin papeles'

El Plan de Inmigración que ayer recibió el visto bueno del Parlamento ofrece los mismos derechos a los inmigrantes legales y a los que no tienen los papeles en regla y carecen de permiso de residencia. El plan, concebido hasta el final del año 2005 y que incorpora proyectos de los que ya se benefician los inmigrantes, rechaza la distinción entre regularidad e irregularidad que hace la Administración central. Según el documento elaborado por el Gobierno con la colaboración del resto de instituciones y de las organizaciones no gubernamentales que trabajan en esta materia, el inmigrante, tenga o no papeles, tiene garantizados unos derechos mínimos por el hecho de ser un ciudadano, no porque lo determine una ley.

Los derechos a los que se refiere el plan se centran, fundamentalmente, en el campo del bienestar social, que es donde la comunidad tiene competencias. Es el caso de la cobertura sanitaria, la educación, la vivienda y las ayudas sociales. Sin embargo, las instituciones vascas no pueden ir más allá porque las competencias fundamentales residen en el Ejecutivo central, como la concesión de permisos de residencia y trabajo.

El consejero de Asuntos Sociales e impulsor del Plan, Javier Madrazo, defendió la necesidad de que Euskadi disponga de una política propia en inmigración para contrarrestar "los efectos negativos" derivados de la legislación estatal. En la actualidad, en Euskadi residen alrededor de 29.000 inmigrantes en situación regular y 11.000 sin papeles.Tras la defensa que realizó Madrazo del Plan de Inmigración, los partidos presentaron sus propuestas de resolución para tratar de mejorarlo. Al final, el tripartito impuso la fuerza de sus votos y rechazó todas las iniciativas de Sozialista Abertzaleak por "trascender el ámbito de las competencias de la comunidad" y aceptó varias del PP, aunque todas de forma. Donde tuvo el mayor dilema fue con las iniciativas del PSE. El portavoz socialista, Jesús Loza, planteó, entre otras cuestiones, instar al Gobierno central (que próximamente dirigirá el PSOE) a "proceder a un proceso de documentación de aquellos inmigrantes que ya trabajan en España", es decir, a la regularización de los que no tienen papeles.

El PNV se mostró proclive a transaccionar este punto con el PSE, ya que el planteamiento socialista coincidía plenamente con una de las propuestas presentadas por el tripartito. Sin embargo, la intervención personal de Javier Madrazo en la negociación impidió el posible acuerdo, según Loza. El consejero exigió al PSE un pronunciamiento explícito y tajante a favor de la derogación de la Ley de Extranjería, a lo que Loza se negó porque "hay aspectos de la norma con los que los socialistas estamos de acuerdo". "Y con los que estamos en desacuerdo podemos arbitrar reformas para modificarlos", añadió. Madrazo se mostró inflexible en este punto y al final el tripartito dijo que no a prácticamente todas las propuestas del PSE.

Loza agradeció "los esfuerzos" realizados por el PNV para alcanzar un acuerdo y criticó la actitud "maximalista" de Madrazo. El tripartito sacó adelante finalmente sus propuestas, en las que insta al nuevo Gobierno central a que, tras su toma de posesión, proceda de "manera inmediata" a derogar la Ley de Extranjería, a regularizar a los que no tienen documentos y a reconocer el derecho a voto de los inmigrantes.