La mujer asesinada en Granada comunicó que su marido había incumplido el alejamiento

El asesinato de la primera víctima de la violencia doméstica con orden de protección desató ayer acusaciones cruzadas. La abogada de la mujer, fallecida el miércoles al ser atropellada tres veces por su marido en Cúllar-Vega (Granada), aseguró que la juez que dictó la orden de protección pudo haber enviado a prisión al hombre con anterioridad al crimen, ya que conocía que éste incumplía la orden de alejamiento. La Guardia Civil, encargada de proteger a la víctima, se escudó en que la orden judicial no les pedía que diesen protección "permanente", por lo que se limitaron a una vigilancia puntual.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Santa Fe (Granada) pudo haber enviado a prisión a Francisco Jiménez Uceda, el vecino de Cúllar-Vega (Granada) que el miércoles mató a su mujer, de la que estaba en trámites de separación. Así lo sostiene María Luisa Aranda, la abogada de la fallecida, Encarnación Rubio. La letrada afirma que su defendida dejó constancia ante la juez de que el hombre había incumplido la orden de alejamiento (una de las medidas de protección) y que la policía tuvo que sacarle del domicilio de la esposa. La Ley de Enjuiciamiento Criminal permite a los jueces decretar la prisión provisional de quien incumpla el alejamiento.

Encarnación Rubio acudió al cuartel de la Guardia Civil de Armilla el pasado 22 de enero. Allí denunció que su marido, afectado de esclerosis múltiple, la había intentado atropellar y que los insultos y amenazas que recibía de él eran continuos. Con esos datos, los agentes redactaron un atestado para la apertura de un juicio de faltas inmediato el día 26.

Al tener conocimiento de lo ocurrido, el día 27, la titular del juzgado de Instrucción número 1 de Santa Fe (Granada) elevó la calificación a delito de maltrato habitual y emitió una orden de protección en favor de Encarnación Rubio. Al día siguiente la juez dictó orden de protección de la víctima en la que se acordó el alejamiento durante cuatro meses y se atribuyó el uso del domicilio familiar a la mujer. El juzgado envió esa orden de protección al cuartel de la Guardia Civil correspondiente, el de Gabia Grande, y a la Policía Local.

Según un portavoz de la Dirección General de la Guardia Civil, la orden establecía que se prestase a la mujer "la protección oportuna". Ésta consistió, según esta fuente, en que los agentes estaban pendientes de la mujer durante sus rondas. "Ha sido un problema gramatical. Si en lugar de establecer la protección oportuna, la juez hubiera concretado que la protección debía ser inmediata y permanente, la mujer habría tenido un guardia al lado las 24 horas del día", añadió el portavoz tras lamentar el asesinato.

Sin embargo, la presidenta de la comisión de seguimiento de la orden de protección, la magistrada Monstserrat Comas, recordó que "un juez no puede determinar cómo se debe hacer la protección". "Eso corresponde a las fuerzas y cuerpos de seguridad", puntualizó.

El quebrantamiento del alejamiento se produjo el 6 de febrero, cuando la Policía Local debió sacar a la fuerza al presunto agresor del domicilio de Encarnación. Cuatro días después, la policía informó al juzgado de que Francisco Jiménez había incumplido la orden de alejamiento. El escrito del Ayuntamiento de Cúllar-Vega llegó al juzgado de Santa Fe dos días después. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirmó que la información sobre el quebrantamiento del alejamiento obraba en manos de la juez.

El 2 de marzo, la policía había conducido detenido a Francisco a declarar ante la juez debido a su negativa a hacerlo voluntariamente, después de que se le hubiera citado para el 20 de febrero. Quedó en libertad provisional. Seis días más tarde declaró Encarnación. Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la víctima no hizo referencia alguna al incumplimiento de la orden de alejamiento, pero confirman que la juez había recibido información sobre ello de la policía local. La abogada Aranda insistió en que al final de su declaración, la víctima dejó constancia de que el 6 de febrero, la policía había tenido que sacar a su marido de su casa.