El Teatro Romano no habría tenido problemas con la nueva ley, afirma González Pons
El consejero de Cultura, Esteban González Pons, volvió a defender ayer su proyecto de reforma de la vigente Ley de Patrimonio Cultural Valenciano en las Cortes, que el miércoles rechazaron las enmiendas a la totalidad presentadas por los dos grupos de la oposición. En una comparecencia que Esquerra Unida-L'Entesa solicitó en otoño pasado, poco después de conocerse la intención del Consell de modificar la ley, para que informara sobre los motivos de tal iniciativa legislativa, el consejero esgrimió casi los mismos argumentos que el día anterior, cosa que también hicieron los portavoces de los grupos de la oposición. Pero ayer González Pons utilizó un argumento nuevo. Tras reiterar que el "espíritu" de su reforma es el mismo que justificó en su día la rehabilitación del Teatro Romano de Sagunto, -las ruinas no sirven para nada si no recuperan el uso que tuvieron en el pasado- aseguró que la polémica rehabilitación "casi no habría tenido problemas de legalidad" si en el momento de la ejecución de las obras hubiera estado vigente la reforma legislativa que ahora se pretende. La portavoz socialista, Isabel Escudero, contestó al consejero que su grupo no cambia "cromos" y le instó a que aplique la ley, ejecute la sentencia sobre el Teatro Romano y se atreva a "hacerse una foto" allí con la obra de rehabilitación derribada.
El consejero volvió a rechazar que la reforma tenga el objetivo de legalizar el proyecto del barrio de El Cabanyal de Valencia y aseguró que beneficiará a pequeños municipios que actualmente no pueden disponer de centros de salud o escuelas en sus núcleos urbanos porque la legislación vigente impide intervenciones de esas características en sus centros históricos.
'Negocio' frustrado
Durante el debate, González Pons propuso un negocio a los socialistas: cambiar el artículo polémico de la reforma de la ley de Patrimonio Cultural -que permite intervenciones, con carácter excepcional, en conjuntos históricos declarados Bien de Interés Cultural (BIC) cuando se trate de actuaciones de interés general- por el apartado equivalente de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. Escudero, que había puesto como ejemplo la norma andaluza, que, aseguró, impediría proyectos como El Cabanyal, aceptó el ofrecimiento del consejero. Pero éste no mencionó el asunto en su posterior intervención desde la tribuna y explicó después, en los pasillos del hemiciclo, que no aceptaba el cambio, al estimar que con la reforma que se debate en las Cortes la ley valenciana es más proteccionista que la andaluza.
Ramon Cardona, portavoz de EU-L'Entesa, reiteró que su grupo considera "inaceptable" el artículo que introduce excepciones, porque pretende "dejar a la arbitrariedad de determinados poderes la destrucción" de los BIC. "El interés general de protección del patrimonio está por encima de cualquier otro interés", dijo Cardona, que acusó al PP de dejar el patrimonio "en manos de los especuladores".
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