La Haya ordena a EE UU revisar decenas de condenas a muerte

La Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), máximo órgano judicial de Naciones Unidas, ordenó ayer a EE UU la revisión de 51 condenas a muerte impuestas a sendos ciudadanos mexicanos que no tuvieron un proceso justo al no haber podido entrevistarse con sus respectivos cónsules en el momento de su detención. El fallo no puede ser apelado y tiene carácter vinculante. La Corte carece, sin embargo, de potestad para imponer su cumplimiento.

Para México, que preferiría la repetición de los juicios, la jornada de ayer representa "el triunfo del derecho internacional", en palabras de Arturo Dajer, su asesor legal. La delegación estadounidense prefirió reservarse su opinión hasta estudiar a fondo la resolución.

La demanda para esta revisión fue presentada en enero de 2003 por el Gobierno de México apoyado en la Convención de Viena de 1963 sobre relaciones consulares. Firmada por ambos países, la misma establece como requisito indispensable el contacto previo del detenido con las autoridades diplomáticas de su país de origen para poderle juzgar por infracciones cometidas en otro territorio.

Según el presidente de la CIJ, el juez chino Shi Jiu Yong, EE UU ha violado dichas obligaciones y debe decidir ahora la forma en que son examinados de nuevo los 51 procesos que desembocaron en penas capitales. La Corte no discute las condenas, basa su decisión en el hecho de que México no fue informado de que sus ciudadanos habían sido detenidos. En muchos casos supo de su existencia cuando estaban en el corredor de la muerte.

Según las autoridades mexicanas, de haber tenido tiempo habrían prestado ayuda financiera o de cualquier tipo a sus nacionales presos. Los jueces de la CIJ subrayaron también que su resolución atañe "a cualquier extranjero que pueda encontrarse en una situación similar en EE UU".

En febrero de 2003, la propia Corte mandó suspender la ejecución de tres mexicanos a punto de ser ajusticiados al haber agotado los recursos. Uno de ellos, Osvaldo Torres Aguilera, tiene fijada la fecha de su muerte en el Estado de Oklahoma. Será el 18 de mayo.

Varios de los reclusos de la demanda aseguraron en su día que testificaron bajo presión. Según los abogados estadounidenses, dichas alegaciones son falsas, se respetaron sus derechos y tuvieron un juicio justo. Incluso sin la ayuda consular exigida por la Convención. Washington considera además que ningún fallo, aunque haya emanado de una instancia internacional, puede vulnerar la soberanía de su sistema judicial. En este punto, la Corte discrepa. Shi Jiu Yong subrayó que no se trataba de repasar la idoneidad de las condenas, sino de respetar la letra de un acuerdo internacional aceptado por Estados Unidos y por México.

El caso de los 51 mexicanos es similar a otro presentado ante la CIJ en 2001 y donde los reos eran dos hermanos alemanes que no hablaron con sus diplomáticos. Alemania elevó su queja a la Corte cuando Karl LaGrand ya había sido ejecutado. A pesar de que los jueces ordenaron a tiempo suspender la sentencia del otro, Walter, éste acabó en la cámara de gas.

Horas antes de hacerse pública la decisión en La Haya, el presidente Vicente Fox anunció una reforma destinada a sustituir la pena de muerte -reservada para delitos de traición y en consejos de guerra militares- por condenas de 30 a 60 años de cárcel. En 2003, Fox canceló una visita a Tejas para hablar con el presidente George W. Bush cuando el Gobierno de EE UU se negó a paralizar la ejecución de Javier Suárez Medina.

Esta misma Corte Internacional condenó a Estados Unidos en 1986 por el minado de los puertos nicaragüenses, como parte de su presión política y militar contra el régimen sandinista. Ronald Reagan respondió a la sentencia con la suspensión por dos años de la vinculación de su país con esta institución dependiente de la ONU.