La UE aprueba la directiva sobre responsabilidad ambiental

El Consejo de Ministros de la Unión Europea aprobó ayer la directiva, largo tiempo esperada, sobre prevención y responsabilidad civil de las actividades que conllevan algún riesgo ambiental para las aguas, suelo, especies o hábitats naturales. La norma será refrendada hoy por el Parlamento Europeo tras ser debatida por un comité de conciliación para salvar las diferencias que separaban a la Comisión de la Eurocámara.

La UE concede tres años de plazo para su trasposición al derecho interno de los Estados. El Gobierno español puso en marcha una iniciativa semejante en la época de Isabel Tocino como ministra de Medio Ambiente, a raíz del desastre causado por la rotura de la mina de Boliden en Aznalcóllar, Sevilla. Luego se arrinconó a la espera de que se aprobara la directiva.

Este paraguas legislativo aplica el principio de que "quien contamina paga", lo que exigirá a las empresas que realicen actividades con riego ambiental suscribir seguros para afrontar los costes de reparación de los daños y evitar su insolvencia. La contratación de seguros es precisamente lo que ha enfrentado al Europarlamento con la Comisión. El primero se inclinaba por hacerlos obligatorios, pero se ha llegado al compromiso de instar a los Estados a que desarrollen instrumentos de garantía financiera para hacer frente al pago de los daños.

La directiva pretende evitar los velos o el turismo jurídicos que permiten la localización de actividades de riesgo en países tolerantes o el encubrimiento de la empresa matriz mediante sociedades insolventes. El texto pactado incluye numerosas excepciones como los daños por guerras o desastres naturales. También reconoce eximentes en el caso de la autorización de una actividad de la que no se conozcan científicamente sus efectos nocivos, como es el caso de los organismos modificados genéticamente.