Azkarraga defiende un sistema vasco de pensiones aunque sea deficitario

Un estudio encargado por el Gobierno revela que lo más probable es que el gasto en pensiones se duplique en Euskadi para el año 2050 y pase del 8,5% sobre el producto Interior Bruto (PIB), que registró en el año 2000, a un 17,4%. Este es el escenario más factible, porque el informe contiene una hipótesis más negativa, donde el gasto se dispara un 27,1% del PIB. En la variante positiva, el gasto se mantiene en un 8,6%. A pesar de los números, el consejero de Empleo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga, apuesta por un sistema vasco de pensiones, aunque sea deficitario.

El consejero compareció ayer ante la comisión de Trabajo del Parlamento vasco, a la que acudió para explicar las conclusiones de este informe. Su departamento adjudicó el trabajo en el año 2002 al Instituto de Economía Pública de la Universidad del País Vasco (UPV) por un importe de 100.000 euros. Este estudio es una parte de un trabajo más amplio que pretende determinar las consecuencias económicas para la comunidad autónoma de una hipotética transferencia de la Seguridad Social, algo a lo que hasta ahora se ha cerrado en banda el Gobierno central.

Las conclusiones de este primer informe dibujan muchos problemas para sostener un sistema público propio en Euskadi. La ausencia de inmigración y la caída demográfica (el País Vasco es la comunidad española y por extensión de la UE con el índice de natalidad más bajo) hacen la evolución del sistema de pensiones en Euskadi más "problemática"que en el resto del país. A pesar de todo, Azkarraga, defendió la necesidad de que Euskadi cuente con un sistema propio y público de pensiones, aunque sea deficitario.

El consejero recordó que otras prestaciones que ofrece la comunidad autónoma como la Sanidad y la Educación también arrojan déficit, pero que el Gobierno las hace viables porque contribuyen al bienestar de los ciudadanos. El consejero recalcó que el problema de un sistema público vasco de pensiones no estriba en si resulta deficitario o no, sino en si es viable y es ahí donde el Ejecutivo debe actuar. "La Administración vasca está dispuesta a incidir en todas las políticas sociales que ayuden a que los ciudadanos se sientan mejor. Hacer viable el sistema de pensiones público forma parte de esas políticas progresistas", recalcó.

Para defender la posible viabilidad del sistema, Azkarraga facilitó unos datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) correspondientes al pasado año, en el que se recaudaron en Euskadi 5.855 millones de euros a través de la cotizaciones y las prestaciones ascendieron a 4.838 millones.

Tres escenarios

El informe de la UPV dibuja tres posibles escenarios, recogiendo el horizonte que va desde el año 2000 hasta 2050. El escenario calificado de "base" y que los autores del trabajo admiten que es "el más probable", contempla una evolución demográfica moderada, un comportamiento ampliamente favorable del mercado de trabajo (menos paro y mayor tasa de actividad) y un estancamiento de la pensión. Con estas condiciones, la previsión es que para 2050 el gasto en pensiones pase del 8,5% actual del Producto Interior Bruto (PIB) a un 17,4%.

La variante más positiva combina una recuperación vigorosa de la natalidad con importantes flujos de inmigración. Además, se retrasa la edad de jubilación de los trabajadores, se produce una reducción constante y "considerable" de la pensión media y aumenta la tasa de actividad, con lo que hay más cotizantes. Con estos parámetros, el gasto en pensiones se mantendría en el año 2050 en el 8,6%.

El escenario más negativo presupone un mercado de trabajo menos favorable (el paro baja, pero no mucho y aumenta poco la tasa de actividad) y una subida de las pensiones medias ligeramente por encima de la productividad. El efecto de estos dos factores unido a la escasa natalidad conforman un panorama que "no sería soportable para la población y, por lo tanto, hay que evitarlo a toda costa", advierten los autores del trabajo. El gasto para sufragar las pensiones se dispararía hasta el 27,1% del PIB.

El consejero intentó restar trascendencia a la contundencia de las conclusiones del informe elaborado por la UPV al asegurar que el estudio "no tiene como propósito el análisis de la viabilidad de un sistema propio de pensiones", sino explorar, desde un enfoque técnico, cómo y hasta dónde influyen las distintas variables que intervienen a la hora de hacer frente a esta prestación.