La hipoteca

Tras su derrota en las urnas, Mariano Rajoy dijo que el Partido Popular deja el Gobierno de España con las cuentas claras y una Seguridad Social en situación de superávit. Sin embargo, al este de ese Edén, en la Comunidad Valenciana, los balances aparecen tan vertiginosamente desequilibrados que suscitan más de una paradoja y obligan a plantear alguna pregunta.

Durante el año 2003 el entonces presidente interino de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas y el actual, Francisco Camps, han añadido 800 millones de euros a la cuantiosa deuda dejada por Eduardo Zaplana. De forma que el pasivo acumulado por PP en los nueve años que lleva al frente del Gobierno valenciano se ha situado ya en los 7.668 millones de euros, manteniéndose como el más alto con relación al PIB (10,6%) de todas las comunidades autónomas españolas. Si además se contabilizan las llamadas empresas públicas comerciales la deuda valenciana se situaría en torno a los 10.000 millones de euros, cantidad a la que habría que sumar el pufo de Canal 9 entre otros agujeros negros y películas de ciencia ficción protagonizadas por el PP valenciano.

Lo vertiginoso de estas cifras pueden nublarnos la capacidad de asimilar el alcance y la gravedad para el sistema de semejante hipoteca. Una gravedad que queda, sin embargo, bien patente cuando amenaza al corazón mismo del estado del bienestar: la sanidad y la educación. Porque los síntomas que se observan en ambos sectores no son precisamente tranquilizadores, sino todo lo contrario. En una sanidad valenciana que se encontraba ya al borde del colapso, durante las últimas semanas los laboratorios farmacéuticos han estado amenazando a la Generalitat con no servir a los hospitales públicos por la enorme deuda acumulada, 450 millones de euros, y por el retraso en los pagos, 608 días, más del doble de la media española.

En el sector educativo el panorama es igualmente oscuro. El PP se niega a que comparezca en las Cortes el gerente de Ciegsa, la empresa pública encargada de construir los colegios, a pesar de las numerosas irregularidades detectadas por la Sindicatura de Cuentas y de las denuncias de la oposición sobre una gestión, que ya se ha cobrado el cese del director financiero.

Lo paradójico es que está situación se da en una comunidad autónoma que ha estado en perfecta sintonía política con el Gobierno central y que ha sido puesta como ejemplo de lo bien que iba España con los populares. Aquí el PP, lejos de hablar de cambios en el modelo de financiación, ha presumido de crear doctrina para el resto de España. A diferencia de otras comunidades autónomas, que como la andaluza tiene pendiente el cobro de la llamada deuda histórica, aquí jamás el Gobierno valenciano ha reclamado deuda, o planteado litigio alguno al Gobierno central.

Ahora, cuando aún no se ha constituido el nuevo Gobierno socialista, Camps dice que va a ser reivindicativo frente a Madrid. Metamorfosis sin duda curiosa, pero poco creíble si antes no explica cómo se ha podido acumular la hipoteca que arrastra su Gobierno y para qué ha sido empleada.