Jaque a la oferta académica universitaria
Con gran celeridad se tramitó y aprobó hace ya más de dos años la Ley Orgánica de Universidades, entre cuyos objetivos está integrar el sistema universitario español en el espacio europeo de enseñanza superior, para así poder converger los Estados implicados y favorecer tanto la movilidad de estudiantes, como el acceso al mercado laboral en Estados distintos al que se cursen los estudios. Sin embargo, la inicial celeridad, combinada con la posterior parsimonia pudo rozar la irresponsabilidad.
Ese espacio europeo no ha sido fruto de la adopción de acuerdos por una instancia supraestatal u organización internacional, sino que es resultado de reuniones de ministros de Educación de diversos países, que paulatinamente se van ampliando y entre los que hay más miembros que los países de la Unión Europea. De hecho, su origen se encuentra en una reunión en París de los Ministros de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, que dio lugar a la Declaración de la Sorbona de 1998. Esto significa que tal espacio se asume voluntariamente por los Estados, sin existir siquiera un Tratado Internacional, y el Estado español, como se ha dicho, ha asumido con la LOU el cumplimiento del objetivo integrador.
Entre las previsiones de ese espacio europeo y la misma LOU hay alguna cuestión aún no resuelta, como es el del número de ciclos, esto es, si habrá dos, como parece desprenderse de la Declaración de Bolonia de 1999, o tres, que son los máximos legalmente previstos (art. 37 LOU). Mientras se deshoja la margarita, el Gobierno movió ficha aprobando diversas normas en desarrollo de la LOU que inciden directamente en la andadura española hacia ese espacio europeo y que sin duda condicionan las decisiones a adoptar por quien debe someterse a lo dispuesto en los Reales Decretos aprobados.
Aún no se ha decidido un nuevo catálogo de titulaciones, y por tanto tampoco sobre su carga lectiva o duración en créditos, pero sí se ha aprobado, entre otras normas, la que regula el sistema europeo de créditos (RD 1125/2003) y la que regula la homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional (RD 49/2004), que por su carácter parcial pueden bloquear la implantación de titulaciones. La primera de ellas fija en 60 el número de créditos por curso, modificando el significado del crédito hasta ahora aplicado, si bien delimita su ámbito de aplicación a las directrices generales de títulos universitarios oficiales que apruebe el Gobierno desde el 19 de septiembre pasado, así como a los planes de estudios que deban cursarse para la obtención y homologación de dichos títulos. La homologación de los nuevos planes de estudios y títulos debe realizarse ya conforme al nuevo procedimiento, en el que la Comunidad Autónoma se pronuncia sobre una serie de aspectos, como es el de la valoración económica del plan, y el Gobierno estatal homologa el título, siendo el Consejo de Coordinación Universitaria quien sigue homologando el plan de estudios.
Esta situación suscita una gran incertidumbre sobre las posibilidades de modificar la oferta académica de las universidades, puesto que puede congelarla al menos durante dos o tres cursos. Es razonable y casi obligado, que los gestores de las universidades traten de realizar una oferta a los futuros estudiantes universitarios adecuada a las peticiones de la sociedad -lo que puede medirse tanto por el número de solicitudes para cursar unos determinados estudios en primera opción, como por el acceso a puestos de trabajo relacionados con la titulación obtenida-. Tales iniciativas requieren la autorización de la Comunidad Autónoma para implantar una titulación en una Universidad, que a su vez comportará la elaboración de un nuevo plan de estudios, que conforme a los actualmente vigentes podrá ser de diplomado (al menos 180 créditos), Licenciado (al menos 300 o 120 créditos si es sólo de segundo ciclo), y que en principio ahora deberá tener 60 créditos por curso, según el sistema europeo de créditos, lo cual supone que, por ejemplo, la implantación de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas en una Universidad que aún no se imparta, deberá tener una duración de cinco cursos para ajustarse al nuevo Decreto ya en vigor, o cabe que el Consejo de Coordinación Universitaria rechace cualquier nueva homologación hasta que se aprueben las futuras directrices de los nuevas titulaciones.
De este modo, tanto a las comunidades autónomas como al Consejo de Coordinación Universitaria, el Gobierno les ha puesto en la difícil situación de seguir valorando y homologando planes de estudio basados en una unidad de medida que ya no está en vigor (pues no se han establecido equivalencias de créditos para períodos transitorios), y en consecuencia adoptando resoluciones que pueden ser disconformes con la legalidad vigente, o en la fácil solución de no tramitar ninguna nueva homologación, pues al ser el silencio positivo se estaría reconociendo la corrección y elevaría el problema al Gobierno, que ahora debe homologar todas las titulaciones (y no sólo como hasta antes de la LOU las de las universidades privadas). En cualquier caso, la modificación de la oferta académica de las Universidades está en jaque, y será el nuevo Gobierno quien deba dar respuesta, bien eludiendo la tentación de exigir los 60 créditos por curso, al ser también un Real Decreto la norma que homologa las titulaciones, o bien aprobando una norma que enderece la situación jurídica actual.
Mientras no haya movimiento seguiremos como estamos, lo que sólo reporta ventajas a quien esté satisfecho con la oferta académica actual, frustración al resto, y por supuesto, un lucro cesante, económico sobre todo a las universidades privadas, pero de formación al conjunto de la población estudiantil, que seguirá sin poder cursar nuevos estudios.
Germán Orón Moratal es catedrático de Universidad y decano de la Facultat de CCJJEE de la Universitat Jaume I.
