Respuesta integral

Los socialistas van a hacer honor a su compromiso de que la primera iniciativa legislativa del nuevo Gobierno sea la remisión al Parlamento de un proyecto de ley integral contra la violencia de género. Es de esperar que el PP apoye ahora una propuesta que rechazó en la pasada legislatura sólo porque la presentaba la oposición.

La justificación de una ley integal contra la violencia doméstica radica en el carácter transversal de este fenómeno y en la multipicidad de sus causas y efectos. La respuesta institucional debe ser, por tanto, globlal, con decisiones que tengan fuerza de ley y con la máxima implicación de todos los poderes públicos. Algunas de las medidas adoptadas por los Gobiernos del PP en este campo, como la orden de protección inmediata a las mujeres maltratadas, ya intentan responder a ese carácter multiforme, pero se circunscriben al terreno exclusivo de la respuesta judicial. Lo mismo ocurre con la creación del registro central de denuncias de maltrato que pueda ofrecer de inmediato a jueces, fiscales y policía judicial todos los datos necesarios para actuar con rapidez en el caso investigado.

La premisa de la que parte la ley integral es que el maltrato no se combate sólo con el Código Penal; que las causas últimas del mismo están en un modelo de sociedad que sigue situando a la mujer en posiciones de sumisión al hombre. Si no fuera así no se entendería la limitada eficacia de los planes de choque puestos en marcha desde 1997, orientados sobre todo al castigo de los maltratadores, que no han impedido el balance trágico de 70 víctimas mortales durante 2003 y las trece contabilizadas ya en el presente año.

La creación de una Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, prevista en la propuesta socialista y confirmada en la campaña electoral por Zapatero, simboliza el compromismo institucional que se quiere otorgar a la lucha contra la violencia doméstica. Puede ser también una herramienta indispensable para coordinar esfuerzos, no sólo entre departamentos ministeriales, sino entre administraciones: estatal, autonómica y municipal. Pero el principal desafío está en el sistema educativo, en el que la propuesta socialista prevé la inclusión de una materia sobre la igualdad de sexos, y en aquellos ámbitos productivos y comerciales en los que la mujer sigue recibiendo un trato desigual e incluso vejatorio.