Regulación de tráfico

El Ayuntamiento de Madrid ha decidido ampliar las zonas de regulación de estacionamiento y mi domicilio se va a ver incluido a primeros del verano en dicha ampliación.

Hasta ahí, nada que objetar; la medida está amparada por la reglamentación vigente. Ahora bien, me conminan a personarme en fechas exactas, en una única oficina habilitada al efecto, munida de originales y fotocopias de documentación varia. Telefónicamente, me aclaran que legalmente (sic) no puede hacerse por correo.

Creo que no me equivoco si afirmo que:

El Excelentísimo Ayuntamiento sabe que existo, me tiene incluida en su padrón y conoce a la perfección mi domicilio, fecha y lugar de nacimiento y número de mi DNI. ¿Qué afán le mueve para exigirme la fotocopia de dicho documento? ¡Ojo! También deberé exhibir para compulsa el original, no vaya a ser que yo lleve años ejerciendo mi derecho a voto, por ejemplo, sin existir y/o sin ser titular de tan sacrosanta tarjeta de identidad.

El Excelentísimo Ayuntamiento tiene perfecta constancia de que soy propietaria de un vehículo, sabe su matrícula y su potencia fiscal e, inexorablemente, cuenta con mi óbolo anual en concepto de impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. ¿O es que acaso sueño cuando compruebo el cargo de su importe en mi cuenta bancaria?

No sé el número de personas y vehículos afectados por la próxima ampliación, pero aventuro que no bajará de 200.000 personas. A razón de un mínimo de 2,5 horas en concepto de desplazamiento, espera y despacho del trámite en la única dependencia municipal para ello habilitada, supone quinientas mil horas empleadas -unas 280 personas trabajando un año completo- y que, a módicos 10 euros por hora, significa un coste social de la friolera de 5 millones de euros, más de 830 millones de las extinguidas pesetas (no entro en detalle del coste de las 400.000 fotocopias y el daño ecológico del papel y tóner consumido).

Sin más que un esfuerzo de imaginación y contraste del censo de vehículos en impuesto de marras con el padrón de residentes en la zona afectada, más del 70% de los posibles damnificados podrían realizar su trámite por correo, enviando al Ayuntamiento su solicitud y, eso sí, los imprescindibles datos de la cuenta bancaria donde satisfacer la voracidad recaudatoria municipal. Y ni siquiera habría hecho falta Internet, administración electrónica ni inauditos esfuerzos tecnológicos.

Algún probo funcionario alegará: "La ordenanza dice...". Cámbiese la torpe redacción de la ordenanza, que en algo útil puede ocuparse el pleno, o, sin más, aplíquese inteligentemente la legalidad de rango superior a la susodicha ordenanza, que sí dispone de mecanismos para evitar desatinos como este desperdicio de quinientas mil horas de trabajo -o de ocio, que no sólo de pan vive el hombre- expropiadas a la ciudadanía en un alarde de gestión incompetente.

Eso sí, el excelentísimo señor alcalde-presidente no ceja en su empeño de asegurarnos que a moderno, lo que se dice moderno de verdad, nadie le aventaja. Me atrevo a asegurar que, además, no falta en la estructura del Ayuntamiento un equipo de cualificados profesionales bajo denominación de la índole de "Simplificación y racionalización de la gestión", "Ventanillas únicas del ciudadano", "Para la sociedad de la información" o análogas y fashion lindezas.