Tor, la montaña maldita

Tor es un pueblo deshabitado del Pirineo de Lleida que arrastra una maldición por culpa de una montaña comunal que los herederos de sus antiguos propietarios se disputan desde hace 23 años en los tribunales. La pugna por el dominio de una masa forestal de 2.300 hectáreas, junto a Andorra y sus pistas de esquí, ha dejado ya por el camino tres asesinatos y un reguero de odios y venganzas, envidias y amenazas. Los reiterados intentos de la Justicia por dar carpetazo al pleito sólo han servido para mantener las heridas abiertas.

El conflicto por la polémica montaña seguirá coleando algunos años más porque Jordi Riba, alias El Palanca, uno de los 13 vecinos que reclaman su propiedad, ha anunciado que quiere recurrir la última sentencia de la Audiencia de Lleida que los declaró a todos copropietarios a partes iguales. Riba no acepta la resolución judicial porque considera que es el único dueño legítimo de la finca. El martes 2 de marzo se vivió un nuevo episodio que se dirime en la Audiencia de Lleida, donde se repitió por orden del Supremo una vista de apelación celebrada siete años antes, que dejó sin dueño a la montaña. Nueve familias firmaron un acuerdo extrajudicial para repartirse la propiedad, pero El Palancano quiso rubricarlo.

Todo comenzó en 1896. Los 13 vecinos que residían en Tor crearon una sociedad de condueños para regular la explotación de los recursos naturales de la finca

Josep Montané, como dueño único de Tor, no pudo disfrutar de la propiedad de la montaña porque seis meses después fue brutalmente asesinado en su casa

La historia de Tor, escrita con sangre, todavía no ha terminado. Todo comenzó en 1896. Los 13 vecinos de la pequeña aldea crearon una sociedad de condueños para regular la explotación de sus recursos naturales. Los estatutos establecían los requisitos para pertenecer a la sociedad: residir en el pueblo, ser cabeza de familia y tener casa abierta u otras propiedades. Pero las duras condiciones de vida en esta aldea, que todavía carece de electricidad, agua corriente o teléfono, hicieron que algunas familias y sus herederos se afincaran en otras poblaciones y perdieran el derecho sobre la montaña, justo antes de que la industria del esquí revitalizara los valles del Pirineo y se convirtiera en la principal fuente de riqueza de la vecina Andorra.

Promotores inmobiliarios

La montaña de Tor y la gestión de sus recursos naturales habían provocado numerosos enfrentamientos entre los vecinos, pero las pugnas se agudizaron a partir de 1976, cuando llegaron al valle promotores inmobiliarios que les tentaron con sus ofertas. Uno de ellos, Rubén Castañé, consiguió arrancar de las familias Sansa, Cerdà y Pereta un contrato de arrendamiento de la montaña por 99 años y 200.000 pesetas anuales. Este agente inmobiliario quería construir una estación de esquí, varios hoteles, apartamentos y superficies comerciales. Aquella operación, realizada a espaldas de los otros copropietarios, provocó que la comunidad se dividiera en dos bandos. Uno fue liderado por Josep Montané, partidario de la explotación turística de la montaña, y el otro por Jordi Riba, dispuesto a seguir explotando sus pastos y la madera de sus bosques. A partir de ese momento, la enemistad entre ambos se hizo cada vez más manifiesta, y las amenazas, broncas y peleas fueron diarias en el pueblo, adonde llegaron desconocidos para trabajar como guardaespaldas de los miembros de cada bando.

La crónica sangrienta de Tor se remonta al 3 de julio de 1980, cuando dos guardaespaldas de Castañé mataron a tiros a Miguel Aguilar, de 25 años, y Pedro Liñán, de 20, dos leñadores contratados por El Palanca, verdadero objetivo de los matones. Los homicidas, el ex guardia civil Dionisio Rodríguez y Ramón Miró, fueron condenados a ocho años de prisión, aunque el Supremo les redujo la pena. El tribunal condenó a Castañé, como responsable civil subsidiario, a indemnizar a las familias de las víctimas con 10 millones de pesetas.

En 1981, tres vecinos iniciaron un pleito para conseguir que la Justicia les reconociera a ellos como únicos miembros de la sociedad, y, en consecuencia, únicos propietarios del dominio. El pleito, que ha seguido innumerables vericuetos, llegó el pasado 2 de marzo a una encrucijada. Los abogados se personaron en la sala de vistas de la Audiencia de Lleida con un acuerdo extrajudicial, firmado ante notario por nueve familias, que contempla la división de la montaña en 13 partes: una para cada uno de los descendientes de los originales copropietarios. Pero Jordi Ribase niega en redondo a esta salomónica solución. El Palanca es un personaje controvertido, asiduo de los calabozos y de los juzgados, que en los últimos años ha estado en todos los escenarios del conflicto. "Con tanto pleito se ha trastornado", explica uno de los muchos abogados que le ha defendido.

Este ganadero, dedicado desde hace 40 años a la cría de yeguas en la montaña de Tor, quiere que la Justicia exija a los demás litigantes pruebas documentales que acrediten que poseen un título de propiedad. "Estoy cansado y enfermo, pero quiero llegar hasta el final. Me he arruinado defendiendo a los que ahora van contra mí. Si hay alguien que quiera ayudarme y la Justicia me da la razón estoy dispuesto a regalarle mis fincas", asegura. En su última resolución, la Audiencia de Lleida decidió no homologar el pacto por no estar firmado por El Palanca. No obstante, a éste le otorga la condición de condueño por usucapión, cuando algunos de los afectados habían solicitado la confirmación de la sentencia del Juzgado de Tremp que en febrero de 1995 otorgó la titularidad de la montaña al único vecino que quedaba en Tor, Josep Montané, apodado El Sansa, de 70 años. Montané no pudo disfrutar de la propiedad de la montaña porque seis meses después, el 19 de julio, fue asesinado en su casa. El cadáver, descubierto 11 días más tarde, tenía un cable enrollado en el cuello y la cara desfigurada. Los investigadores concluyeron que quien le mató era alguien que le conocía muy bien y que lo odiaba profundamente. Una confidencia condujo a la Guardia Civil a detener el 11 de octubre de ese año a dos vecinos de La Seu d'Urgell, Josep Mont Guitart y su compañera Marli Pinto Gomes, ambos de 45 años, como presuntos autores de la muerte de Montané. La pareja, que se declaró inocente en los interrogatorios, fue absuelta por falta de pruebas tras pasar 14 meses en prisión.