Todos los consejeros de Seguridad Nuclear acusan a su presidenta de usurpar funciones

Los cuatro miembros del Consejo de Seguridad Nuclear han denunciado a su presidenta, María Teresa Estevan Bolea por usurpar sus funciones ante la Diputación permanente de las Cortes, el vicepresidente primero del Gobierno en funciones, Rodrigo Rato, y el secretario de Estado de la Energía, José Folgado. El descontento de los consejeros con su presidenta viene de lejos. Le atribuyen tomas de decisiones unilaterales y haber olvidado que el CSN es un órgano colegiado. El enfrentamiento se ha trasladado al Consejo de Estado, al que se ha pedido un dictamen.

La gota que colmó la paciencia de los cuatro consejeros fue una nota de prensa que María Teresa Estevan publicó el pasado 9 de enero sobre la central nuclear de Zorita en la provincia de Guadalajara.

Sin un motivo puntual que justificara su divulgación, salvo una insuficiencia de caudales de refrigeración que fue subsanada, la presidenta añadió una serie de exigencias a la titular de la planta, Unión Fenosa, sin consultarlas con los consejeros. Pedía que se revisaran los diseños de seguridad realizados en los últimos diez años y una verificación de todas las pruebas realizadas en la década de los ochenta, veinte años atrás.

Al leer esa nota, el diputado socialista por Guadalajara, Javier García Breva, se alarmó. Su grupo parlamentario pidió en las cortes regionales al CSN que diera una explicación sobre la necesidad de esas revisiones habida cuenta que es la única nuclear española que tiene fecha de cierre. García Breva se vio forzado a reclamar el cierre anticipado.

José Ángel Azuara Solis, vicepresidente del CSN, Carmen Martínez Ten, consejera (ambos en representación del PSOE), Paloma Sendín de Cáceres, consejera a propuesta del PP y Julio Barceló Bernet , por CiU, le pidieron por escrito explicaciones. Entendían y entienden que según los estatutos, el CSN es un órgano colegiado integrado por cuatro consejeros y la presidenta y que no se pueden adoptar decisiones fuera del consejo. Estevan no lo ve así. Cree que la gestión del CSN es presidencialista y con este criterio ha ejercido el mando desde que el PP la nombró en el verano de 2001.

Hay muchas cuestiones que debería someter a la consideración del consejo que escapan al control de los consejeros. Y otras que las aprueba de motu propio después de haber sido rechazadas por el consejo.

El ambiente en la dirección de este organismo es muy tenso, aunque ninguno de los consejeros haya dado el paso de manifestarlo públicamente. La presidenta mantiene un enfrentamiento con todos los consejeros, sin excepciones. Ni siquiera Paloma Sendín, también propuesta como ella para el consejo por el PP, escapa a las maneras "despóticas y nepotistas" de ejercer la presidencia, según fuentes del CSN.

Poco después de tomar posesión se declaró partidaria de construir nuevas centrales nucleares. Los consejeros estimaron entonces que esas opiniones personales no las debía haber hecho públicas porque el CSN es un organismo neutral, dependiente de las Cortes, que tiene como única función velar por la seguridad de las instalaciones nucleares y radiológicas y no valorar la política energética.

En el debate sobre el cierre de la central de Zorita los cuatro consejeros votaron a favor. Ella se abstuvo. Le parecía un error. Creía que si podía funcionar hasta 2006 debía continuar "y operar diez años más".

Las diferencias de Estevan con sus consejeros se extienden a casi todas las áreas de gestión. Ha intentado prescindir del interventor, una figura fiscalizadora presente en los organismos públicos. Y en el ámbito de la comunicación ha recibido numerosas críticas, no sólo por haber nombrado a su yerno responsable del área, sino por la ausencia de una política clara en momentos claves.

García Breva lamenta la nota del 9 de enero, por ejemplo, o el mutismo del CSN con motivo de la alarma suscitada entre la población de municipios próximos a centrales nucleares de Guadalajara por un estudio sobre la elevada incidencia de cáncer aparecido en la prensa.

Presidencialista

La denuncia contra Estevan ha llegado a la Diputación permanente de las Cortes después de casi tres meses de comunicaciones reglamentarias entre los consejeros y la presidenta. Primero le pidieron explicaciones por la nota del 9 de enero. La presidenta haciendo uso de sus facultades tenía derecho a responder en 60 días.

Las diferencias se han trasladado al Consejo de Estado a quien se ha solicitado un dictamen aclaratorio sobre las competencias de la presidencia y el consejo. Se le pide que avale si el CSN debe ser gobernado a la manera presidencialista o colectivamente. Si la presidencia puede arrogarse las competencias que le disputan los consejeros, si el consejo es sólo un órgano asesor y no un órgano colegiado de decisión, como pretenden los consejeros. Ayer no fue posible contactar con el portavoz del CSN para conocer su versión.