El PSOE revisará las últimas compras de trenes AVE realizadas por el Ministerio de Fomento

El Gobierno socialista no paralizará ninguna infraestructura adjudicada o en obras para no alterar la actividad del sector ni incurrir en gastos. Dicho esto, su intención es revisar la política de Francisco Álvarez-Cascos al frente del Ministerio de Fomento y retirar el "whisky para todos", en referencia a las promesas de líneas de alta velocidad por toda España. Fuentes del PSOE señalan que se fiscalizará la última adquisición de trenes AVE. También se solicitarán a Bruselas sendas moratorias para la liberalización del ferrocarril y la asignación de emisiones del Protocolo de Kioto, cuyos plazos vencen en las próximas semanas.

Además de los 6.000 millones de deudas que acumula Renfe, Álvarez-Cascos deja el ministerio hipotecado por las grandes compras de trenes para circular por líneas de alta velocidad sin terminar.

Durante sus cuatro años al frente del ministerio, Cascos ha dejado compromisos de compras de trenes por valor de 9.341 millones de euros, la mayor inversión de la compañía en su historia. "Nos parecen demasiados trenes", afirma José Segura, coordinador del programa electoral socialista en Infraestructuras y diputado electo por Tenerife. Sólo en las últimas semanas se han adjudicado 151 unidades por 4.452 millones, y quedan aún paquetes pendientes.

El traspaso de poderes en este departamento no será como en 1982, cuando los socialistas accedieron por primera vez al Gobierno tras la dictadura. Alfonso Guerra distribuyó un equipo de técnicos por todos los ministerios 15 días antes para evitar tomas de decisiones que comprometieran su gestión. El comisionado para vigilar Obras Públicas (actual Fomento) fue Miguel Ángel Fernández Ordóñez. En esta ocasión no hay nada similar previsto. La prioridad está en otras cuestiones. Por ejemplo, en solicitar a la Comisión Europea una moratoria para la entrada en vigor de la liberalización del transporte ferroviario prevista para el próximo 18 de mayo.

Deuda y titularidad

Esta liberalización fue aprobada recientemente por la mayoría absoluta del PP con la oposición de los socialistas. A falta de desarrollar el reglamento para su aplicación, el PSOE pretende revisarla en cuestiones que consideran básicas como quién asumirá la deuda de Renfe, cómo se garantizará la titularidad pública de las infraestructuras ferroviarias o la búsqueda de alternativas a la eliminación de rutas que no sean rentables a los operadores privados.

Segura y varios de sus colaboradores técnicos aseguran que la revisión de esta ley es prioritaria, aunque será el titular del departamento quien dé los pasos.

Otra de sus prioridades en el ámbito legislativo es la aprobación de una ley de financiación del transporte y regulación de las tasas para fomentar la competencia entre los distintos modos de transporte y estimular el tráfico ferroviario de mercancías, ahora infrautilizado. Segura sostiene que la última actualización de tasas en los puertos ha generado numerosas críticas en el sector y ha sido recurrida por varios operadores portuarios.

Eso sí, se impulsará la terminación de la línea de AVE Madrid-Barcelona. "No perderemos el culo por circular a 350 kilómetros por hora", dice uno de los especialistas en ferrocarril. "La pondremos en marcha con los mismos parámetros de la línea Madrid-Sevilla, con pruebas previas. Y llegaremos hasta donde se pueda llegar", añade.

Los enlaces de Barcelona con ancho europeo hacia el norte y el sur del arco mediterráneo, el impulso al eje Madrid-Valladolid hacia el norte de la Península, las conexiones Madrid-Valencia, Córdoba-Bobadilla y el rescate de proyectos dormidos como la variante de Alpera, ya construida, son tramos prioritarios en el ámbito ferroviario.

En cuanto a las carreteras se impulsarán los ejes estructurantes que los socialistas pusieron en marcha hace más de ocho años y que el PP apenas ha continuado, como la Vía de la Plata o el eje Somport-Sagunto. Los socialistas tienen la intención de liberar los peajes de las autopistas que se han integrado en los centros urbanos y que carecen de alternativas de gran capacidad, como algunos tramos del entorno de Barcelona. La integración de la red estatal de carreteras con las redes autonómicas se pretende coordinar a través de una conferencia sectorial.

Todas las carreteras de titularidad estatal serán auditadas desde el punto de vista de su seguridad vial. Éstas y otras prioridades figuran en el Plan Intermodal de Servicios e Infraestructuras del Transporte 2005-2015 (PISIT) del programa electoral. El plan se remitirá al Congreso y se someterá a evaluación ambiental integral.

De los proyectos que el PP deja avanzados, dos podrían modificarse. Uno es la autopista de peaje de Santander, que ha quedado desierta y a la que ningún consorcio ve futuro ni siquiera con una aportación pública del 50% de la inversión. Fuentes de Fomento afirman que esta autopista carece de interés salvo para los promotores urbanísticos.

El segundo proyecto discutido es la autopista de peaje a la Costa del Sol, que los socialistas malagueños reclaman que sea gratuita. Pero su elevado presupuesto y la existencia de un acceso libre alternativo a Málaga la colocan como candidata a mantenerse de pago.