La UE busca su propia CIA

Los atentados de Madrid han puesto en evidencia la necesidad imperiosa de contar con una "CIA europea", un centro de inteligencia que coordine el intercambio de información en el seno de UE en la lucha antiterrorista. El comisario de Justicia e Interior, António Vitorino, prepara una batería de propuestas para presentar a los socios de la UE en el Consejo de Ministros extraordinario del próximo viernes, entre las que está esa prioridad y una más genérica: que se adopte y aplique la legislación que la UE puso en marcha tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

La "CIA europea" es un proyecto urgente y se puede poner en marcha sin necesidad de crear un nuevo organismo que multiplique tareas y burocracia. Frente a la fiebre legislativa del pos-11-S, la UE parece más dispuesta que nunca a entrar en acción aplicando las normas y los mecanismos existentes. "Lo importante no es poner en marcha un nuevo organismo, sino romper la cultura del secretismo europeo, en la que cada país se niega a compartir con los demás la información de la que dispone", dice una fuente comunitaria.

Documento de Solana

La primera propuesta sobre el centro europeo de espionaje partió de Austria el 19 de febrero. El Alto Representante Javier Solana lo plasmó en un documento de trabajo el 8 de marzo pasado. Tras los atentados de Madrid, Bélgica, la presidencia de turno irlandesa y la Comisión Europea la han hecho suya. Ayer insistió desde Helsinki sobre tal necesidad el ministro finlandés del Interior, Kari Rajamaeki, informa France Presse.

Los ministros de Justicia e Interior se reúnen el viernes en Bruselas en una sesión extraordinaria sobre la lucha antiterrorista. Vitorino acudirá con una batería de propuestas en la mano que aún está elaborando, pero que cuenta con el visto bueno de todo el Colegio de Comisarios, que ayer se reunió en torno a este asunto con la asistencia, por vez primera, de los diez nuevos de los países del Este. Además de proponer el centro de inteligencia, Bruselas pedirá también analizar cómo controlar y seguir el transporte de explosivos y otros materiales, cómo mejorar y profundizar en la persecución de la financiación terrorista o cómo impedir que los móviles se utilicen como temporizadores de bombas.

La UE se plantea activar la cláusula de solidaridad contenida en el borrador de Constitución y que incluye la asistencia militar a un país amenazado o atacado por el terrorism, pero la Comisión también pedirá a los países socios que adopten y apliquen la legislación antiterrorista que ahora parecía olvidada. El documento de Javier Solana antes citado incide sobre esta misma cuestión.

El ejemplo de la euroorden (el mecanismo que permite el reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales y que está terminando con los procedimientos de extradición) es paradigmático. Su puesta en marcha se aceleró tras el 11-S. Varios países, como España y Dinamarca, la adoptaron en tiempo récord, pero, expirado el plazo del 1 de enero pasado, ni siquiera países como Alemania, que prometieron adelantarse a tal fecha, la tienen aún en vigor. Tampoco Austria, Holanda, Grecia e Italia.

Los procedimientos de extradición llevaban meses de papeleo. Con la euroorden, España ejecutó en sólo mes y medio y sólo con los países de la UE que ya la tenían aprobada, 19 procedimientos con una duración media de procedimiento de dos semanas.