El TSJ suspende la parte del plan que trataba de encajar el palacio de congresos en el Benacantil

La construcción del palacio de congresos ya fue suspendida hace tres años por el TSJ, al entender el tribunal que el edificio podría causar un daño irreparable al castillo que corona el monte Benacantil, el de Santa Bárbara, que es un Bien de Interés Cultural (BIC). No obstante, el TSJ dejó una puerta abierta a la construcción: si el Ayuntamiento redactaba un plan especial de protección del entorno del BIC y la edificación del palacio no dañaba en ese planeamiento al conjunto histórico artístico, se levantaría la suspensión cautelar.

La delimitación del entorno de cualquier BIC es exigible desde que el bien se declara monumento histórico y, en cualquier caso, en el plazo de un año desde que entró en vigor la Ley de Patrimonio Cultural Valenciana el 11 de junio 1998.

El tribunal estima que las obras pueden dañar el entorno del castillo de Santa Bárbara

Tras la paralización de las obras por el TSJ, el entonces presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, declaró: "Las deficiencias detectadas son fácilmente subsanables". Luis Díaz Alperi encargó entonces de inmediato la redacción del plan especial de protección del entorno del castillo de Santa Bárbara, plan que aprobó el consejero de Territorio y Vivienda el 29 de octubre de 2003. Ese plan, tachado por la oposición de "traje a medida" para encajar el palacio en el entorno del castillo, es el que ahora se ha sometido a consideración judicial, toda vez que fue objeto de tres recursos contenciosos. El TSJ ha decido aceptar en parte esos recursos y suspende parcialmente el plan. Y lo hace, exclusivamente, en la zona a proteger donde se proyectó el edificio de congresos, es decir, en la parte del monte donde, según la oposición, se hizo el "traje a medida" para validar el proyecto. Para el tribunal, el resto del plan es válido.

Cuando Díaz Alperi aprobó en solitario el plan especial de protección, la oposición municipal consideró que el planeamiento, lejos de cumplir con el objetivo de proteger el entorno del BIC, dejaba al castillo y al monte "al albur de las conveniencias políticas o económicas, con riesgo de daños irreversibles a un patrimonio irremplazable". Para los socialistas y Esquerra Unida el documento se concibió con el propósito previo de permitir edificaciones en el Benacantil, como el palacio de congresos. "No es un plan de protección, es un intento de garantizar la construcción del palacio de congresos, una actuación que supone el mayor ataque al patrimonio en la historia de la ciudad", dijo el portavoz municipal socialista, Blas Bernal.

A pesar de que el auto del TSJ dado ayer a conocer es la resolución de una pieza separada de suspensión y no entra, por tanto, en el fondo del asunto, los magistrados han realizado un exhaustivo análisis del plan especial y, para llegar a la conclusión de suspenderlo en parte, han considerado un informe de Cultura que obra en autos. Se trata de un informe técnico procedente de la Dirección Territorial en Alicante de la Consejería de Cultura, en el que se muestran "serias dudas" sobre la compatibilidad entre el palacio de congresos y las medidas de tutela paisajística reclamadas por el BIC.

Según la consideración final que los magistrados del TSJ plasman en el auto, la puesta en marcha de las obras del palacio antes de que se resuelva el fondo del contencioso tienen "potencialidad bastante para dañar el resultado judicial que puede alcanzar el tribunal al resolver el litigio. Porque", añaden, "si ahora se permitieran las obras, una sentencia posterior contraria a las mismas llevaría a una situación de hecho en la que el instrumento de planeamiento ya estaría ejecutado, el palacio de congresos construido, el monte Benacantil vaciado en casi 86.000 metros cúbicos de roca, los edificios a lo largo de la avenida de Jaume II construidos y la barrera visual entre el Benacantil y el Castillo y la ciudad, completada".