Maragall lanza un plan de choque para rehabilitar 40 barrios pobres

El Gobierno de la Generalitat quiere acabar con la degradación y miseria que aún acecha a numerosos barrios y áreas urbanas de Cataluña. La primera ley aprobada por el Ejecutivo de izquierdas se ha concebido como un "plan de choque" para rehabilitar y mejorar las condiciones de vida en las 40 zonas más deprimidas de Cataluña, en las que se invertirá 600 millones de euros en los próximos cuatro años.

La actuación de la Generalitat en estos barrios se regirá por una ley que ayer aprobó el Consell Executiu. El portavoz del Gobierno catalán, Joaquim Nadal, explicó que en los últimos años las ciudades y pueblos de Cataluña han experimentado globalmente un "desarrollo positivo". Sin embargo, agregó, varios barrios, áreas urbanas o pueblos "no han podido seguir" esta evolución y se han "quedado atrás", arrastrando graves problemas de "involución urbanística, despoblación o excesiva concentración por la llegada de nuevos habitantes, problemáticas sociales como el envejecimiento de la población, bajo nivel de renta o bajo nivel educativo".

A estas áreas va dirigido el proyecto de ley aprobado por el Gobierno de izquierdas de la Generalitat. Nadal evitó enumerar los barrios susceptibles de recibir las ayudas, para no estigmatizarlos de entrada. Sin embargo, citó el de La Mina, en Sant Adrià del Besós, o Sant Cosme, así como ciertas zonas de Sabadell o los cascos históricos de Balaguer, Lleida o Tortosa. Algunas de estas zonas, dijo el portavoz, ya han recibido ayudas comunitarias para su rehabilitación.

Superpoblación

Aunque el texto de la ley no cita a la inmigración, sí se desprende que los barrios con elevada concentración de ciudadanos de origen extranjero figuran entre los candidatos a ser ayudados por la Generalitat. Nadal explicitó, por ejemplo, que muchas de las áreas deprimidas sufren una sobrepoblación por la llegada de nuevos habitantes y que han visto como en los últimos años "el precio de las viviendas ha caído en picado".

La ley establece que sean los propios municipios los que deberán presentar sus proyectos de rehabilitación, que serán evaluados por una comisión mixta. Ésta se reunirá cada año, entre 2005 y 2008 para seleccionar los proyectos que considere prioritarios. La ley establece la adjudicación de ayudas a un máximo de 12 proyectos cada año. Nadal aseguró que en los presupuestos de la Generalitat para 2005 ya habrá una partida para la financiación de los primeros proyectos.

La ley deja muy claro que las propuestas de rehabilitación que elaboren los ayuntamientos no pueden limitarse a una intervención de mejora física del barrio. Han de ser programas de rehabilitación integral que incluya actuaciones en varios campos y que redunde en la mejora de las condiciones de vida de sus habitantes y en la reactivación socioeconómica de la zona. Así, los proyectos deberán incluir actuaciones como la creación de guarderías y centros cívicos, centros de día para ancianos, proyectos de dinamización comercial, creación de espacios públicos o rehabilitación de equipamientos colectivos.