Anulado el permiso a Repsol para perforar el suelo marino en Canarias

El Tribunal Supremo ha anulado parcialmente un real decreto del Consejo de Ministros que autorizó nueve permisos de investigación a Repsol para la búsqueda de hidrocarburos en el subsuelo marino frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote. La norma anulada contemplaba la perforación de dos pozos exploratorios hasta una profundidad de 3.500 metros. El Cabildo de Lanzarote calificó la sentencia de "magnífica noticia".

El Supremo mantiene los permisos concedidos a Repsol para realizar los estudios sísmicos, geoquímicos y estratigráficos -estudios que, por lo demás, la petrolera ya ha realizado-, pero anula los permisos de perforación previstos para los años tercero a sexto del programa, que preveían una inversión mínima de 20 millones de euros. Fuentes de Repsol indicaron ayer que la compañía tenía previsto empezar a perforar a partir de 2004, por lo que la sentencia no supondrá retrasos en sus planes. La petrolera añadió que esperará a que se apruebe la nueva redacción del decreto con las nuevas exigencias.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Manuel Campos Sánchez-Bordona, estima parcialmente los recursos contencioso-administrativos interpuestos por el Cabildo de Lanzarote y la agrupación insular el Partido Socialista Canario en Lanzarote contra el real decreto 1462/2001, del Ministerio de Economía, que concedió a Repsol nueve permisos de investigación en el océano Atlántico, frente a las costas canarias.

El Supremo explica que la Ley del Sector de Hidrocarburos dispone en su artículo 16.2 que el solicitante del permiso de investigación deberá acreditar ante la Administración, entre otros requisitos, un proyecto de investigación en el que se contemplen "las medidas de protección medioambientales y el plan de restauración adecuado al plan de labores propuesto".

Para el alto tribunal, hubiera sido esperable que para un proyecto de investigación de esa importancia económica la solicitud del permiso contuviese "un proyecto más completo y no sólo las referencias mínimas que en los documentos presentados a la Administración se ofrecen". El proyecto de Repsol se limita a "un calendario de actuaciones y una escueta previsión de inversiones, pero no contiene otro tipo de especificaciones técnicas", critica la sentencia.

Sin embargo, es la "absoluta omisión" a toda referencia a las medidas de protección medioambientales y al plan de restauración las que han llevado a la anulación parcial del decreto.

Intervención de Rato

La sentencia expone que "el Gobierno no ignoraba" la obligación de que el otorgamiento de los permisos queda condicionado a incluir las "labores de protección medioambiental", y para demostrarlo, transcribe literalmente una respuesta parlamentaria del ministro de Economía, Rodrigo Rato, ante el pleno del Senado del 4 de abril de 2001.

En ella, el ministro aseguraba, antes de la concesión de los permisos, que éstos contendrían "las especificaciones necesarias para que haya todo tipo de garantías desde el punto de vista medioambiental". "La ausencia en el real decreto de esta importante y preceptiva mención" -concluye la sentencia del Supremo- constituye "un grave defecto que impide considerar conforme a derecho la autorización que mediante él se contiene".

Para determinar el alcance de la anulación, el Supremo valora que la recogida de datos sísmicos "presenta unos rasgos cualitativamente distintos de las labores de perforación del subsuelo marino". Estas últimas, por sus propias características, son las que el Supremo ha anulado.

A pesar de que el recurso ante el Supremo fue interpuesto por su antecesor, el socialista Enrique Pérez Parrilla, el presidente accidental del Cabildo Insular de Lanzarote, Mario Pérez (de Coalición Canaria) -que sustituye al encarcelado Dimas Martín-, vinculó ayer la sentencia al modelo económico de la isla, que consideró en peligro si la petrolera hubiera iniciado las perforaciones, informa Juan Manuel Pardellas. Mario Pérez señaló que "la cordura y el sentido común apunta que si una isla vive del turismo, el tener plataformas petrolíferas en sus proximidades, desde luego, no beneficia, más cuando desde aquí se lucha por el cuidado del medio ambiente".

Por su parte, el presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín Menis (de Coalición Canaria), declaró que "la anulación del permiso es un claro mandato al ministerio para que no conceda ni éste ni ningún otro, si en el plan de prospecciones no se incluyen detalladamente las medidas de protección medioambiental precisas, así como las actuaciones de restauración del subsuelo marino en el supuesto en que fuese necesario".

Martín Menis insistió en "la importancia de estudiar bien las cosas, incluso para las meras prospecciones, antes de una intervención minera de este tipo" porque "es absolutamente primordial el respeto al medio ecológico". "A Canarias le interesa que cualquier cosa que se haga en su ámbito se realice con las máximas garantías", dijo.