Un abogado pide papeles para dos inmigrantes por ayudar a la policía

Los ciudadanos rumanos J. C. y E. D. R fueron dos de los diez inmigrantes a los que el abogado Ignacio Amat representó en el proceso contra un funcionario de la oficina de extranjeros de Valencia que les cobró por regularizar su situación y que fue condenado a dos años por estafa y cuatro de inhabilitación para cargo público. A esta decena de afectados, uno de los responsables de la oficina les aseguró que si denunciaban la situación se les facilitarían permiso de trabajo y residencia, como señala Amat. Más de un año después, a dos de ellos no les han valido las promesas ni las solicitudes remitidas por el letrado. Siete se regularizaron por el cauce abierto entonces y una octava -la testigo de cargo- lo logró después de que, previo rechazo de la Delegación del Gobierno, denunciara su situción en los medios de comunicación.

Para la Delegación del Gobierno la situación es muy distinta. "Sólo hubo cinco chicas argentinas implicadas en el caso", con lo que no reconoce la contribución de los dos rumanos. Además, señala que la Policía Nacional es la competente para valorar si la colaboración prestada por los extranjeros merece ser reconocida con permisos de trabajo y residencia. "Es responsabilidad de la Dirección General de la Policía, no de la Delegación", añade.