3.000 personas reclaman una vez más la entrega de sus casas en los 'nuevos barrios'

Unas 3.000 personas afectadas por el retraso en la entrega de las viviendas construidas en los programas de actuación urbanística (PAU) se manifestaron ayer por el centro de Madrid para pedir la entrega inmediata de sus viviendas. La concentración, organizada por la plataforma del PAU de Carabanchel, reunió a afectados de otros nuevos barrios madrileños que ven cómo sus promociones empiezan a acumular retrasos. Los manifestantes criticaron la falta de implicación del Ayuntamiento de Madrid y del Gobierno regional. En Madrid hay proyectados seis nuevos barrios con 73.698 viviendas.

Matrimonios jóvenes empujando cochecitos con bebés, parejas con y sin niños, abuelos apoyando a sus hijos..., así hasta 3.000 personas que se congregaron ante las puertas del Ayuntamiento madrileño. Todos con un mismo objetivo: llamar la atención para conseguir que las constructoras les entreguen de una vez por todas unas viviendas que llevan esperando, en algunos casos, hasta cinco años. "¿Dónde están? No se ven, las viviendas del PP", gritaban a coro entre paso y paso.

Es la cuarta manifestación que convoca la plataforma del PAU de Carabanchel. La diferencia de esta última concentración es el lugar: han pasado de invadir los terrenos del PAU a manifestarse en el centro de la capital. En el recorrido de la plaza de la Villa hasta la Puerta del Sol, se les unieron familias que han adquirido viviendas en otros PAU como el de Vallecas y en ensanches situados en el sureste, en la zona de Vicálvaro.

En el PAU de Carabanchel está prevista la edificación de 13.500 viviendas. De ellas hay finalizadas desde hace tres meses 2.000 viviendas (las correspondientes a la Unidad de Ejecución 2). Pero el Ayuntamiento no les concede la licencia de primera ocupación por problemas en la urbanización que afectan al suministro eléctrico y de agua.

"Después de tantos años esperando, ahora por fin acaban los pisos, pero no los podemos habitar", se queja Máximo, que vive con sus suegros, junto con su esposa y su pequeña. "Nos casamos en octubre de 2001, cuando nos dijeron que nos iban a dar la vivienda. Pero así hasta ahora. Yo no he salido todavía de casa de mis padres", cuenta Encarnación, de 34 años. Esta pareja empezó a pagar una vivienda de protección oficial por 100.200 euros. Desde entonces, el precio ha subido a 132.000 euros. "Con el retraso en la construcción nos han pillado dos incrementos de módulos [adaptación del precio al coste que fija la Administración pública para la vivienda protegida anualmente]. Además, el gestor del PAU, Manuel Dapena, nos ha pedido más dinero para pagar intereses de los créditos", explica Máximo.

Otros afectados del mismo PAU se han negado a las exigencias de Dapena, al interpretar que en el contrato ya estaban incorporados estos gastos fiscales.Es el caso de un joven matrimonio que sigue la manifestación con su hija de dos años en brazos. Entre consigna y consigna del tipo "Aguirre, escucha, estamos en la lucha", cuentan que han interpuesto una denuncia contra Dapena. La contestación de éste ha sido interponer otra contra ellos. La historia de esta pareja es similar a la de otros manifestantes. Esperaban su piso hace cuatro años. Como no llegaba, alquilaron una casa por la que pagan 360 euros mensuales, a lo que hay que añadir los 600 euros también al mes para la casa de protección pública del PAU.

Los afectados exigen al alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, y a la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, que velen por el cumplimiento de la legalidad. Reclamaciones que suenan desde los altavoces porque, según los manifestantes, el Ayuntamiento madrileño es el responsable de poner en manos privadas la gestión de los PAU sin controlar quién está detrás.

También exigen que el metro llegue al nuevo barrio de Carabanchel porque "es el único que no lo tiene", y denuncian que la ampliación de la M-40 les va a dejar sin el Parque Lineal, la zona verde principal del PAU.