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LOS PROBLEMAS DE LA VIVIENDA

La espera interminable de miles de familias por un piso

En 1995 surgieron los proyectos para edificar seis nuevos barrios en Madrid, que albergarían 73.698 viviendas, con el nombre de Programas de Actuación Urbanística. Eran los PAU de Arroyo del Fresno, Montecarmelo, Las Tablas, Sanchinarro, Carabanchel y Ensanche de Vallecas. Con la liberalización de los 22 millones de metros cuadrados de suelo que ocupan se pretendía poner al alcance de los madrileños un hogar a un precio asequible. Transcurridos 10 años, sólo hay habitadas 500 viviendas en Sanchinarro, 2.000 pisos acabados hace tres meses a la espera de licencia de primera ocupación en Carabanchel, y más de 11.000 casas construidas o en construcción del total de 21.000 proyectadas en Las Tablas y Montecarmelo. El más retrasado de todos los nuevos barrios es el de Arroyo del Fresno, donde no se ha concedido aún una sola licencia de obra para edificar las 2.742 viviendas planeadas. A finales de febrero se estaban construyendo -o al menos tenían licencia de obra- el 40% del total de los inmuebles.

Los 2.000 pisos a estrenar de Carabanchel no se entregan por problemas en la urbanización del terreno. El suministro eléctrico y de agua no acaba de funcionar en condiciones.

El procedimiento elegido para poner en marcha el ambicioso plan fue el de junta de compensación. Los propietarios del suelo se encargaban tanto de urbanizar el suelo como de la edificación de los bloques de viviendas. La Administración pública únicamente se encarga de fijar el precio de las viviendas de protección pública, más de la mitad de las previstas.

Retrasos acumulados

En el PAU de Carabanchel, las obras no empezaron en la fecha señalada y los retrasos empezaron su escalada. Personas que iniciaron la adquisición de su vivienda en 1997, se encuentran todavía sin ella.

La Comunidad y el Ayuntamiento madrileños se desentienden porque dicen que son problemas entre partes privadas, y ellos no tienen competencia para intervenir. Opinión de la que discrepan los afectados, porque el Ayuntamiento forma parte de la Junta de Compensación. Un informe del Defensor del Pueblo, solicitado por los vecinos, critica al gobierno municipal por no haber intervenido en las obras de urbanización de los terrenos que estaban retrasadas. También indica que la Comunidad de Madrid tiene que vigilar el precio de la vivienda protegida.

Sin embargo, el Consistorio no consideró necesario intervenir en la urbanización debido a que la Junta ya se estaba ocupando de ello.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 8 de marzo de 2004