Más de 400.000 opositores se manifiestan en Caracas contra el presidente Chávez

La oposición venezolana marchó ayer sin incidentes que lamentar, tras una semana de protestas violentas y acciones represivas del Gobierno, que dejaron 11 muertos y centenares de heridos y detenidos. Más de de 400.000 personas marcharon desde diversos puntos de Caracas para confluir en la avenida Libertador, el mismo lugar donde el pasado 27 de febrero una marcha similar degeneró en violencia, cuando los manifestantes pretendieron sobrepasar un anillo de seguridad y llegar hasta el sitio donde sesionaban los presidentes del Grupo de los 15.

Mientras tanto, como ya se ha hecho costumbre, el Gobierno respondió a la convocatoria instalando un gran mercado popular en el centro de la ciudad, concentrando a sus partidarios en una suerte de escudo humano, ante la posibilidad de que la marcha opositora, como ocurrió en abril de 2002, desviara su rumbo en dirección a Miraflores, la sede presidencial.

La manifestación de ayer tuvo dos motivos: protestar por la "masiva violación de los derechos humanos" que ha denunciado la Coordinadora Democrática en los últimos días y exigir al Consejo Nacional Electoral (CNE) que modifique su decisión sobre las firmas consignadas por la oposición para solicitar un referéndum revocatorio contra Chávez. Los presuntos excesos de los cuerpos de seguridad del Estado ocurrieron después de que vecinos de las barriadas de clase media y alta, junto a manifestantes encapuchados al parecer de grupos extremistas, se dedicaran a bloquear el tránsito en calles y autopistas, colocando barricadas y quemando basura y neumáticos. Las policías municipales de Chacao, Baruta y El Hatillo, controladas por alcaldes opositores, no actuaron por considerar que la protesta era una expresión justificada del descontento de la ciudadanía. La Guardia Nacional, bajo control del Gobierno central, reprimió las algaradas y ahora está acusada de causar varios muertos y lesionados.

La misma Guardia Nacional y otros cuerpos de seguridad nacionales, como la Disip (policía de Estado), habrían incurrido en torturas y retenciones ilegales, según la Coordinadora.

Figura central de las manifestaciones es el dirigente Carlos Melo, quien permanece detenido bajo la acusación de portar armas de guerra después de que en un automóvil que conducía fueron encontrados dos fusiles automáticos livianos, el arma de reglamento de los soldados venezolanos. Por el mismo delito está preso el vicepresidente de la Bolsa de Valores de Caracas, Santiago Monteverde.

"Deben cesar los ataques entre nosotros mismos, debemos unirnos por encima de nuestras diferencias para sacar al autócrata", clamó el octogenario dirigente socialista Pompeyo Márquez, convertido desde el miércoles en portavoz del ala más ponderada de la Coordinadora, que es partidaria de concurrir a los 2.700 centros de verificación que instalará el CNE a finales de marzo para ratificar algo más de un 1.110.000 firmas catalogadas como "dudosas" por la autoridad electoral.

Otros sectores dentro de la CD creen que ir a "reparos" [las oficinas de verificación] será legitimar un fraude a favor del Gobierno y se han cerrado a cualquier posibilidad de negociar con el Consejo Electoral. La mayoría de las firmas objetadas son las que están en una planillas rellenadas por una misma persona y no por cada uno de los electores individualmente.