Las pensiones, campo de batalla (en EE UU)

UN AGRICULTOR OYE ruidos sospechosos en su gallinero. "¿Quién anda ahí", pregunta. "Nadie, sólo nosotras, las gallinas", contesta el ladrón; satisfecho, el agricultor se acuesta. Este chiste puede servir de analogía para valorar las palabras del presidente de la Reserva Federal (Fed), Alan Greenspan, en la Comisión de Presupuestos del Congreso de EE UU pidiendo que se reduzcan las pensiones para acabar con el inmenso déficit público que ha generado el Gobierno de George W. Bush.

La tesis de Greenspan es la siguiente: dentro de muy pocos años llegará la primera oleada de jubilaciones entre la generación del baby boom. En 2011, esos pensionistas -77 millones de personas- se beneficiarán del programa público de pensiones y asistencia sanitaria; a día de hoy, tres trabajadores soportan las cargas de un jubilado y en dos décadas serán sólo dos. El gasto público americano en pensiones y salud representa en la actualidad el 7% del PIB; en 2012 será del 12%.

Para acabar con el enorme déficit, motivado por la bajada de impuestos a los más ricos y el aumento de los gastos de seguridad y defensa, Greenspan propone bajar las pensiones. ¿Quién quiere más claridad ideológica?

El pronóstico demográfico es acertado, pero era el mismo cuando Clinton dejó la Casa Blanca con un superávit público de dos puntos del PIB, que era un buen colchón para debatir los problemas con más tranquilidad. El demócrata Clinton se atrevió a subir los impuestos para acabar con el déficit guerrero heredado de los republicanos Bush padre y Reagan. Desde el año 2000 al 2004, Bush ha usado casi siete puntos del PIB (los dos del superávit y cinco del actual déficit público, que supera los 521.000 millones de dólares) para llegar a esta coyuntura. ¿Y cómo los ha utilizado?: bajando dos veces los impuestos a las clases más favorecidas e incrementando de nuevo los gastos de seguridad y defensa. ¿Cómo solucionar esa política irresponsable de bajar los impuestos en medio de un gran déficit y de una guerra? Greenspan responde: reduciendo las pensiones, y de paso acabando con el Estado de bienestar de Roosevelt y Johnson.

La solución del presidente de la Fed sólo habrá sorprendido a quien quiera hacerse el ingenuo. Paul Krugman, por ejemplo, lleva anunciando una y otra vez en sus artículos que cuando el déficit resultase infinanciable se acordarían de las pensiones. La mejor descripción que hace del Gobierno de EE UU es la de una gran compañía de seguros que posee también un ejército. Los programas de jubilación ya ocupan una parte del presupuesto federal y dentro de una década se volverán aún más caros; si se han de pagar esos costes y los intereses de la deuda nacional, algo se dejará de lado. Uno de estos años, los mercados financieros examinarán la situación y se percatarán de que Bush ha efectuado promesas inconsecuentes: ha asegurado beneficios a los futuros jubilados, reintegros a los que han invertido en deuda federal, y unos impuestos muy inferiores a lo que se requiere para financiar todo ello. El sistema habrá de ceder por algún lado; por el de los más débiles: los pensionistas. Krugman concluye que el resultado "es una especie de guerra de clases que no se genera porque los pobres intenten quitarle el dinero a los ricos, sino porque una élite económica se esfuerza en expandir sus privilegios" (El gran engaño. Editorial Crítica).

Mucho antes de las declaraciones de Greenspan, Krugman ya le había identificado: el presidente de la Fed no era quien pensábamos, el firme defensor de la austeridad y la disciplina fiscales en el tiempo en que los demócratas ocupaban la presidencia, sino que se ha transformado en un apologista de los recortes irresponsables de impuestos, incluso con el déficit creciendo vertiginosamente, una vez que llegaron los republicanos a la Casa Blanca. En la comparencia pública citada, Greenspan se manifestó partidario de recortar los beneficios de la Seguridad Social para los futuros jubilados antes que subir los impuestos, medida que "crearía riesgos significativos para el crecimiento".

La economía entra así con fuerza en la campaña electoral de EE UU. ¿Por qué no ha sido posible plantear el destino de los impuestos y de las pensiones en España con la misma claridad ideológica?