El alcalde da por hecho que la M-30 estará exenta de informe ambiental

El alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, firmó ayer con euforia el convenio por el que el Ministerio de Fomento traspasa al Ayuntamiento la titularidad de la M-30. Tras estampar su rúbrica junto a la del ministro Francisco Álvarez-Cascos, Ruiz-Gallardón opinó que las obras de reforma ya no requieren de "ningún informe de declaración de impacto" porque, a partir de ahora, la M-30 es una "vía urbana". La oposición no acepta ese argumento.

La normativa autonómica obliga a realizar una declaración de impacto -un informe ambiental sobre los daños que causará una infraestructura en el entorno- antes de acometer cualquier obra de cierta envergadura sobre una "carretera". Por eso, PSOE e IU llevan meses reclamando que la macroobra de reforma de la M-30 -un proyecto que costará 3.500 millones de euros y se alargará durante tres años- sea suspendida mientras no cuente con ese estudio previo de la Consejería de Medio Ambiente.

Pero el gobierno municipal está poniendo todo su empeño en eludir ese trámite para poder empezar a cavar cuanto antes. El pasado octubre, el alcalde pidió a la Comunidad que le exima de la obligación de elaborar la declaración de impacto ambiental, y ayer anunció que, al margen de lo que decida el Gobierno regional, su opinión es que ya no es necesario en ningún caso ese informe previo, porque la M-30 ya no es una "carretera", sino una "vía urbana" (una calle de la ciudad como otra cualquiera).

"Vamos a esperar a ver qué contesta la Comunidad, pero estoy convencido de que ese trámite no es necesario. Y estamos en condiciones de decir que cumpliremos los plazos [para la realización de las obras]", afirmó Ruiz-Gallardón, que había advertido hace semanas de que si le obligaban a elaborar el informe ambiental la reforma de la M-30 no estaría terminada en 2007. El ministro Álvarez-Cascos también subrayó que lo que se cedió ayer ya no es una carretera, sino una vía urbana de la capital.

Según los técnicos de la Concejalía de Urbanismo, los artículos 40 y 41 de la Ley de Carreteras establecen que Fomento sólo puede ceder a un ayuntamiento una carretera cuando ésta ha evolucionado hasta adquirir un carácter de "vía urbana" y cuando, además, existe otra que realiza la función que antaño tuviera la carretera traspasada. "La M-40 cumple la labor de redistribución del tráfico que siempre ha asumido la M-30, así que ese requisito se cumple. Pero es que, además, por ley, el ministerio no hubiera podido ceder la vía si no fuese ya, de hecho, una vía urbana", argumentan. Y Urbanismo concluye: "Así que la declaración de impacto no es necesaria".

Sin embargo, cuando Ruiz-Gallardón solicitó a la Comunidad que le eximiera de ese trámite no incluyó las 23 reformas que se van a hacer a lo largo de 33 kilómetros que tiene la M-30, sino sólo la obra de enterramiento de seis kilómetros bajo el Manzanares. Y lo hizo, según afirmó el propio edil de Urbanismo, Pío García-Escudero, "por si había algún problema [de afección sobre el medio ambiente] con el río". Lo que estaba entonces en duda no era si la M-30 es carretera o calle, sino si el río Manzanares se considera "zona húmeda", porque en ese caso también es preceptiva la declaración de impacto. Esa duda sigue existiendo: de lo que se trata es de definir si "zona húmeda" es sólo "zona pantanosa" o fluvial.

IU se ha fijado en otro artículo de la Ley de Carreteras, el 2.1, para intentar desmontar la satisfacción del gobierno. "Ese artículo dice que se consideran carreteras las vías de dominio y uso público proyectadas y construidas fundamentalmente para la circulación de vehículos automóviles, y la M-30, obviamente, responde a esa definición", afirma su portavoz, Inés Sabanés, que considera "escandaloso" este "juego de complicidades que mantienen las distintas administraciones del PP para burlar la ley".

Tampoco el edil socialista Félix Arias admite los argumentos de Ruiz-Gallardón. "La M-30 es una vía de velocidad alta y de gran capacidad que, además, circula por una zona urbana: requiere una declaración de impacto ambiental independientemente de quién ostente la titularidad", sostiene.