El jefe de los juristas del Gobierno británico creía ilegal la guerra de Irak en vísperas de la invasión

El fiscal general del Reino Unido, lord Goldsmith, cambió de opinión sobre la legalidad de la guerra en Irak apenas dos semanas antes de la invasión del país, según publicaban ayer los diarios The Independent on Sunday y The Observer. Según estos diarios, los militares británicos exigieron que el Gobierno dejara claro públicamente que la guerra era legal. Fue entonces cuando lord Goldsmith, que ocupa un cargo de designación política al que fue aupado por Tony Blair, llegó a la conclusión de que la guerra era legal porque seguía en vigor una resolución del Consejo de Seguridad de hacía 14 años.

Estas revelaciones aumentan la presión para que el primer ministro Blair publique el dictamen íntegro elaborado por Goldsmith, que en su día hizo público de manera parcial para demostrar que el fiscal general del reino apoyaba la legalidad de la invasión. Blair no quiere publicarlo aduciendo que sería presentar un mal precedente. Pero la prensa daba cuenta ayer de otros precedentes y el ex primer ministro John Major añadió presión al declarar que él no ve "ninguna razón para que no pueda ser publicado".

Desde siempre se ha especulado con las dudas que ha albergado lord Goldsmith sobre la legalidad de la invasión de Irak y su creencia de que la resolución 1.441 de Naciones Unidas no permitía desencadenar de manera automática una invasión de Irak sin que ésta quedara expresamente refrendada por una nueva resolución del Consejo de Seguridad.

En gran parte las presiones de Washington y Londres para forzar esa segunda resolución se atribuían a las dudas sobre la legalidad de la guerra y no sólo a una cuestión política. En noviembre de 2002, cuando el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 1.441, Goldsmith estaba de acuerdo con los juristas del Foreign Office de que se necesitaba una segunda resolución para aprobar la guerra. A finales de enero de 2003 escribió al primer ministro Blair para insistirle acerca de sus dudas.

Esas mismas dudas albergaba el Ejército británico, según aseguraban ayer The Observer, un diario de centro-izquierda que hace un año apoyaba la invasión, y The Independent on Sunday, el diario sábana que más ha combatido la intervención en Irak. El Ejército exigió a Tony Blair garantías sobre la legalidad de la invasión para evitar que los soldados británicos pudieran ser procesados por crímenes de guerra. El entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa, sir Michael Boyce, expresó a Blair sus preocupaciones por escrito y personalmente en Downing Street unas semanas antes de la invasión.

Cambio de posición

Fue entonces, dos semanas antes de la guerra, cuando lord Goldsmith cambió de posición y llegó a la conclusión de que la guerra estaba legitimada en base al efecto combinado de las resoluciones 678, 687 y 1.441 del Consejo de Seguridad. De hecho, Estados Unidos y el Reino Unido no pusieron a votación la turbulenta segunda resolución vetada de antemano por Francia porque si ésta hubiera sido derrotada, esos argumentos legales de lord Goldsmith podrían haber quedado en entredicho. La publicación de una síntesis del dictamen del fiscal general convenció a los militares, pero provocó la dimisión de Elizabeth Wilmshurst, número dos del equipo jurídico del Foreign Office.

La polémica se ha reavivado esta semana por la decisión del propio Goldsmith de renunciar al procesamiento de Katharine Gun, la traductora de chino mandarín empleada por el servicio de escuchas del espionaje británico. Gun rompió sus compromisos de confidencialidad al hacer llegar a The Observer un mensaje del espionaje norteamericano pidiendo ayuda a sus colegas británicos para espiar a los países del Consejo de Seguridad y conocer su posición sobre la segunda resolución.

"Motivos de necesidad"

Según la prensa británica, el desistimiento del Gobierno a procesarla se debe a que la defensa de Gun conocía las dudas expresadas por Goldsmith y pensaba exigir la publicación del dictamen para demostrar que Katharine había filtrado el documento "por motivos de necesidad", para evitar una guerra ilegal. Greenpeace piensa utilizar ese mismo argumento en la defensa de 14 personas detenidas tras una manifestación contra la guerra en febrero de 2003 y de cinco activistas detenidos por provocar daños en la base de la RAF en Fairford.

El primer ministro Tony Blair se ha opuesto hasta ahora a la publicación del dictamen completo de lord Goldsmith alegando que eso sería un mal precedente y que la posición del fiscal general ha quedado clara tras la publicación de una síntesis de su dictamen. Sin embargo, la prensa recordaba ayer que ha habido varios precedentes a lo largo de la historia, el último en 1971, y ponen el acento en que el propio Blair ha roto moldes al hacer públicos algunos secretos de inteligencia sobre los arsenales de Sadam Husein cuando quería convencer a la opinión pública de la necesidad de desarmarle aunque fuera por la fuerza.

Pero el mayor golpe para Blair llegó ayer a través de su antecesor, John Major, que se sumó a las voces que piden la publicación del dictamen al completo del fiscal general. "No veo ninguna justificación para que no sea publicado", declaró en el programa dominical de la BBC Desayunos con Frost. "Es del propio interés del primer ministro porque todas estas especulaciones, que crecen día a día, no hacen más que perjudicarle", dijo aclarando que sigue pensando que "la guerra estaba justificada".

El Fiscal General y Abogado General es un cargo que se remonta a 1461 y que en la actualidad atesora una multitud de competencias. Aunque es de designación política, actúa de manera independiente y en defensa del interés general. Tiene la responsabilidad de asesorar legalmente al Gobierno, tanto a los ministros como a sus departamentos. Al mismo tiempo dependen de él la Fiscalía de la Corona, la inspección de la Fiscalía de la Corona, la oficina los grandes fraudes y el Abogado del Tesoro, entre otros cargos. Entre sus restantes funciones figura la asesorar a la Casa de los Comunes y, en ciertos casos, al soberano.