Cuestión de imagen

Para un empresario aragonés, valenciano o gallego la incorporación de las preocupaciones ambientales a su actividad está determinada sobre todo por la obligada adaptación a las leyes, mientras que para un empresario andaluz la principal motivación es la mejora de su imagen. Pesa más en Andalucía la aceptación social que la obligación administrativa, y no es ésta la única diferencia que se registra con respecto a otras comunidades autónomas cuando se trata de evaluar el compromiso ambiental de las empresas.

Medir este compromiso se convirtió en uno de los objetivos de la Fundación Entorno, creada en 1996 por un grupo de grandes compañías preocupadas por la incorporación de un modelo de desarrollo sostenible al ámbito empresarial. Desde 1998, y cada dos años, esta institución evalúa numerosos parámetros mediante una encuesta dirigida a una muestra significativa de empresas españolas con más de 50 empleados. El último informe, que se apoya en datos de 2003, acaba de ver la luz y revela cómo ese compromiso sigue creciendo a buen ritmo.

El denominado Índice Entorno Ambiental (IEA) contempla diversas variables que, una vez combinadas, son capaces de reflejar la integración de la componente ambiental en la gestión de las empresas. Admitiendo un valor máximo de 100, este índice ha crecido, para el conjunto del país, en más de 10 puntos entre 2001 y 2003. En la actualidad se sitúa en 68, aunque existen notables diferencias entre comunidades autónomas. Frente a las empresas madrileñas, vascas o navarras, que rebasan como media los 70 puntos, hay regiones, como la andaluza, que apenas rozan los 60 puntos.

En esta clasificación, Andalucía ocupa el penúltimo lugar, sólo por delante de Baleares-Canarias, aun cuando el IEA de las empresas andaluzas ha experimentado un aumento de casi 10 puntos con respecto a la evaluación que se llevó a cabo en 2001.

Tampoco destaca esta comunidad autónoma en lo que respecta al grado de compromiso con la sostenibilidad, medido con el denominado Índice Entorno de Sostenibilidad (IES), en el que se combinan variables sociales, económicas y ambientales. En este caso la media de las empresas españolas roza los 70 puntos, mientras que las andaluzas no llegan a alcanzar los 65 puntos, colocándose así en el último lugar de la clasificación por regiones.

Lo que en Andalucía frena estos compromisos, según manifiestan los empresarios encuestados, son las dificultades técnicas a las que han de enfrentarse, la elevada inversión que requiere este tipo de actuaciones y lo complejo que resulta obtener beneficios tangibles. Aun así, el gasto necesario para adoptar medidas ambientales sólo es considerado un factor limitador por algo menos del 40% de los empresarios andaluces, mientras que esta variable se considera fundamental para el 80% de los empresarios de Canarias, Baleares, Aragón o Galicia.

En lo que se refiere a actuaciones concretas, las empresas andaluzas se decantan, sobre todo y en este orden, por la adopción de medidas correctoras, la implantación de sistemas de gestión ambiental, la incorporación de este tipo de contenidos a los planes de formación y la identificación y valoración de riesgos ambientales. También en este caso los porcentajes son más que discretos si se comparan con otros territorios, ya que, por ejemplo, los sistemas de gestión ambiental están presentes en un 25% de las empresas andaluzas, mientras que se han implantado en más del 60% de las empresas vascas o en un 54% de las madrileñas.

En lo que se refiere a la formación, sí que se aprecia una notable mejora, ya que en 2001 tan sólo un 20% de las empresas andaluzas consideraban que en todos sus niveles organizativos existía una cualificación aceptable en temas ambientales, porcentaje que el pasado año se incrementó hasta alcanzar el 48%, muy cerca de la media nacional (50%) y suficiente para rebasar a comunidades como Navarra, La Rioja, Baleares, Canarias, Asturias, Cantabria o Galicia, que no llegan al 40%.

De nuevo vuelve a manifestarse el escaso compromiso ambiental del empresariado andaluz cuando lo que se mide es la inversión en I+D dentro de este ámbito, ya que menos de un 10% de las empresas destinan recursos a este capítulo. Igualmente insuficientes se revelan las inversiones, ya que en el momento de la encuesta sólo un 40% de las empresas andaluzas habían realizado alguna inversión en el capítulo ambiental, índice que a nivel nacional obtiene una media superior al 60% y se eleva por encima del 80% en Castilla-La Mancha y Murcia.

sandoval@arrakis.es