Rebajas fiscales

Los programas fiscales de los partidos políticos suelen constituir la columna vertebral de cualquier campaña electoral; ésta no es una excepción. Desde 1996 se ha convertido en costumbre acudir a la campaña ofreciendo rebajas de impuestos, siguiendo la estela del Partido Popular, que ganó las dos últimas elecciones prometiendo -y ejecutando- rebajas en las tarifas del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). Ciertamente, el PP no ha reducido los impuestos; simplemente ha bajado el IRPF. El aumento de la presión fiscal desde 1996 en al menos tres puntos demuestra que han crecido en mayor proporción otros tributos, principalmente los indirectos. Pero no es menos cierto que los votantes valoran positivamente esa rebaja de los impuestos directos, aunque el debate debería versar a la vez sobre el reparto de los gastos y la calidad de los servicios públicos.

La propuesta fiscal del PP de cara al 14 de marzo sigue el carril marcado con anterioridad de rebajar los tipos máximos y mínimos del IRPF: el primero, del 45% al 40%, y el segundo, del 15% al 12%. En la misma línea va el proyecto de duplicar las deducciones por los dos primeros hijos y elevar hasta 3.400 euros la deducción por cada uno a partir del tercero. Sin duda es una promesa clara e inteligible, del tipo más de lo mismo, dotada de una envidiable credibilidad, puesto que el Gobierno ya ha practicado reducciones similares con anterioridad. También es claro que la fiscalidad de Rajoy favorece más a las rentas altas que a las bajas; así ha sucedido en las reformas anteriores del IRPF, y la propuesta electoral obedece a los mismos principios. Las plusvalías también reciben su premio, con un gravamen del 12% en lugar del 15% actual.

El PP presta escasa atención al equilibrio impositivo general; apenas se consideran cambios en impuestos importantes (sociedades, IVA) y se apunta únicamente a aquellos que tienen traslación directa en votos (IRPF y plusvalías). El descuido se convierte en desidia cuando se trata del fraude fiscal. Al PP no parece preocuparle, en contradicción con la percepción de los contribuyentes y de los propios inspectores fiscales, crecientemente agobiados por la ausencia de políticas correctoras del dinero negro. Parece consustancial con los gobiernos populares una cierta displicencia hacia el fraude tributario, como si no estuvieran preocupados por la equidad fiscal entre los ciudadanos. Pero el problema que más afecta a la credibilidad de las rebajas fiscales del PP es la no deflactación de la tarifa. Por el procedimiento de no actualizar con la inflación los tramos del IRPF ha conseguido anular en parte los beneficios de los declarantes y engordar las arcas del Estado con 1.200 millones de euros al año.

Frente al continuismo popular, el PSOE apuesta por un modelo tributario de nuevo cuño, aunque menos definido. Sus portavoces económicos insisten en que no pretenden bajar los impuestos, sino mantenerlos en términos de presión fiscal. Los principales atractivos de la propuesta socialista radican en dos puntos cruciales. Por una parte, el intento de simplificar la declaración de la renta y la gestión del impuesto, que probablemente implica una eliminación de las deducciones, y no sólo en renta. El impuesto sobre sociedades aparece minado por una maraña de deducciones que, en la práctica, anula el efecto redistribuidor del tributo. Por otra parte, apuesta por una racionalidad inobjetable, aunque difícil de aplicar, que conduciría a la convergencia real de tributaciones conexas -renta, sociedades y plusvalías- en un tipo único alrededor del 30%, de forma que las rebajas reales en renta y sociedades queden compensadas por los incrementos de las plusvalías.

Otra innovación atractiva del PSOE es la aplicación de un mínimo exento muy elevado -10.000 euros, más 3.000 por persona dependiente- combinado con una estilización de la tarifa, que en las propuestas más radicales queda reducida a un solo tramo (con un tipo cercano al 30%) y en las más moderadas se completa con al menos dos recargos (el tipo universal estaría en torno al 25%, y el más elevado, en torno al 40%). Con este doble recurso -mínimo exento elevado y menos tramos- se pretende recomponer la estructura del impuesto, desplazando la mayor tributación hacia topes de renta más elevados que los actuales. Porque con la composición actual de los tramos, pasan por rentas elevadas lo que no son sino rentas medias.

Es obvio que la propuesta fiscal del PSOE es más arriesgada y, de momento, más imprecisa, también por la falta de datos sobre la distribución de la carga tributaria en España. Es una propuesta para un esquema fiscal más transparente. Pero está por ver que los ciudadanos acepten el desafío, más arriesgado y menos gradualista que el del PP.