El prestigio de la Administración exige su "protección penal"

El espíritu que anima el escrito que presentará el diputado socialista Jordi Sevilla ante la Fiscalía General del Estado es que, al margen de los hechos que ya investiga el juzgado de Nules sobre el caso Fabra, Anticorrupción debería abrir pesquisas sobre otros hechos conocidos que no forman parte de dichas diligencias. Y, sobre todo, la institución que preside Jesús Cardenal debe apoyar a dicho juzgado con una exhaustiva investigación del conjunto de piezas que integran este caso.

El PSOE justifica así su iniciativa ante Cardenal: "Debido a la naturaleza de los hechos denunciados y la implicación de altos cargos del Estado y dado que sólo una parte de los mismos están actualmente contemplados en el procedimiento que se sigue en el Juzgado número 1 de Nules, resulta necesaria que se asuma por la Fiscalía especial para la represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción la investigación de estos hechos". "La necesidad de esta investigación de oficio, cobra una mayor significación, en tanto que se encuentra bloqueada por el Grupo Popular, mayoritario en la Diputación Provincial de Castellón, la necesaria constitución de una comisión de investigación, solicitada por la totalidad de los restantes grupos de la institución", apunta el escrito redactado por el PSOE.

Esta formación afirma que los hechos sospechosos del caso Fabra ya conocidos encajan milimétricamente en la instrucción de la Fiscalía General del Estado de enero de 1996 que alertaba de un "ataque pluriofensivo a valores y bienes jurídicos esenciales en el Estado democrático de derecho que deben preservarse mediante su protección penal". Tales valores estaban "constituidos tanto por el prestigio de la Administración ante los administrados como por el deber de la Administración de servir con objetividad los intereses generales, según la exigencia del artículo 103 de la Constitución, que se traduce en un deber de neutralidad, probidad e imparcialidad de todos aquellos que participan en las funciones públicas y en el deber de prestación eficaz del servicio público".