El área de la M-30 que será soterrada oculta 100 enclaves arqueológicos
El Gobierno protegió en 1993 el subsuelo del Manzanares entre El Pardo y Getafe
Las máquinas excavadoras que intenten soterrar la M-30, a la altura del Manzanares, se toparán, además de con yacimientos paleontológicos y arqueológicos de "interés científico excepcional", con un escollo legal. Todo el río, entre El Pardo y Getafe, está protegido desde hace 11 años por su "excepcional" valor histórico, reconocido internacionalmente desde hace más de siglo y medio. Los museos de Madrid, fundamentalmente el de Ciencias Naturales y el Municipal, guardan numerosas muestras de los hallazgos allí realizados: mamuts, tortugas gigantes o villas romanas.
El área afectada por la protección legal incluye, entre otras, el paseo del Marqués de Monistrol, el puente de Segovia, el paseo de Extremadura y de la Ermita del Santo, las calles de Sepúlveda, de Antonio Lopez y del General Ricardos, áreas afectadas por el soterramiento de la M-30 que proyecta el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón.
A finales de 1993, siendo presidente regional el socialista Joaquín Leguina, el Gobierno de la Comunidad aprobó un decreto (113/1993, de 25 de noviembre) que declaraba "bien de interés cultural (BIC), en la categoría de zona arqueológica", un tramo del río que fue denominado "Terrazas del Manzanares, en el término municipal de Madrid".
Esta declaración, que está en vigor y que es la máxima protección legal que se puede dar a un yacimiento, impide cualquier obra en la zona afectada si el Gobierno no la desprotege antes (descatalogación, en argot administrativo).
Según reflejaron los técnicos de la Comunidad en la redacción del decreto de 1993, "la extensión incluida dentro de la zona arqueológica de las Terrazas del Manzanares, incoada BIC, se debe a que en ella se localizan más de un centenar de yacimientos, tanto arqueológicos como paleontológicos, muchos de ellos conocidos y estudiados desde antiguo y otros recientemente".
Grandes vertebrados
La Dirección General de Patrimonio, cuando incoó el expediente, se mostró muy clara a la hora de valorar los yacimientos: "En las primeras décadas del siglo XIX se empezaron a encontrar restos fósiles de grandes vertebrados en los alrededores del casco urbano (puente de Toledo), haciéndose más frecuente este tipo de hallazgos a lo largo de los años, dando lugar a una lista de yacimientos que ponían de manifiesto la importancia del área de Madrid dentro de la paleontología y la prehistoria, no sólo española, sino internacional", señala el decreto.
El Gobierno regional dejó escrito en 1993 que "especial impacto en los círculos científicos internacionales [del siglo XIX] causó la publicación de los hallazgos del cerro de San Isidro, pasando a ser uno de lo sitios clásicos profusamente citados en todas las publicaciones sobre el paleolítico europeo". En 1863, en el cerro de las Ánimas, también próximo a San Isidro, se descubrieron industrias paleolíticas, que fueron publicas por la Sociedad Geológica Francesa. "A partir de entonces, el interés que suscitaron los descubrimientos fue imparable, creándose una serie de instituciones científicas para canalizar los trabajos en la zona". Las Terrazas del Manzanares, siempre según el Gobierno regional, pueden "considerarse como una de las zonas más ricas en vestigios del pasado más remoto del hombre y de la era terciaria".
Los técnicos regionales dejaron claro en el decreto de protección que la zona "abarca ambas márgenes del río Manzanares, cuyas terrazas han sido ocupadas por asentamientos humanos desde el paleolítico hasta nuestros días, y donde los hallazgos pre y protohistóricos tienen una continuidad especial casi continua, añadiendo a eso que fueron también el medio geográfico donde en época terciaria se desarrolló la fauna hoy totalmente extinguida, de interés científico excepcional".
El decreto de protección acaba: "Tanto la posibilidad de reestudiar con métodos científicos actuales yacimientos descubiertos hace varias décadas y que parcialmente se conservan en zonas urbanizadas (Usera, Villaverde...), como el hallazgo de otros nuevos en áreas no afectadas por las edificaciones u obras de infraestructura vial", resulta "primordial frenar esta destrucción y conservar los únicos documentos materiales que hablan de nuestro pasado más remoto y que sólo la arqueología y la paleontología pueden descrifrar".
El portavoz socialista en la Asamblea, Rafael Simancas, anuncia que en "el próximo pleno del Parlamento interpelarán sobre esta cuestión al Gobierno, que es el que debe proteger la integridad del patrimonio".
Simancas cree que la presidenta, Esperanza Aguirre, ha pactado ya eximir la construcción de la M-30, proyectada por Gallardón, de declaración de impacto. "Es el precio exigido por el alcalde para establecer una tregua. Pero ni el grupo socialista ni los ciudadanos están dispuestos a pagar este precio", avanza. Anuncia que exigirán el cumplimiento de la ley por "vía política, institucional y judicial". "Gallardón debe cumplir la ley, como hacen el resto de los alcaldes del región", dice.
Tres problemas, tres soluciones
El alcalde y ex presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, siempre supo que su proyecto electoral estrella -el soterramiento de la M-30- conllevaría grandes problemas técnicos. Por ello, cuando aún era presidente en funciones y Esperanza Aguirre se hallaba en campaña electoral, decidió rodearse de los más destacados profesionales con el fin de sortear posibles escollos. En primer lugar, fichó a Manuel Melis, el ingeniero que hizo posible el Metrosur, una infraestructura que pocos creían que podía hacerse. Por eso, a Melis le ha encargado el proyecto técnico de soterramiento de la M-30.
El segundo grave problema que podía hallar el enterramiento era la obligatoriedad de realizar una declaración de impacto ambiental. Para intentar evitarlo, contrató a una empresa, Evaluación Ambiental, especializada en informes medioambientales. En su estudio, que pagó el Ayuntamiento, se avala eximir de declaración de impacto las obras. Éstas son procedimientos administrativos que evalúan los posibles daños de las grandes infraestructuras. Todo el proceso, que debe ser llevado a información pública, puede llevar más de un año.
El tercer problema eran los informes arqueológicos. Como las Terrazas del Manzanares están declaradas Bien de Interés Cultural, Gallardón ordenó al consejero en funciones de Las Artes, Carlos Baztán, crear una comisión de expertos que indicase el camino a seguir para no dañar los yacimientos. La comisión, formada por tres expertos en paleontología y arqueología, sólo se ha reunido una vez. Y, aún, no se ha pronunciado.
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