Campaña de rebajas fiscales

La convocatoria de las elecciones generales para el próximo 14 de marzo ha galvanizado las propuestas de los partidos políticos sobre las cuestiones fiscales. Como primera aproximación, independientemente de otras consideraciones, encuentro satisfactorio que la discusión de cómo, a quién y cuándo deben recaudarse los impuestos, junto al cómo los gestionamos y gastamos, se incorpore a los usos y costumbres de nuestro sistema democrático, tal y como ocurre en el resto de países de nuestro entorno, donde suelen constituir el aspecto central del debate, pues en el fondo estamos hablando del modelo de sociedad que tenemos y de cómo quiere cada opción política mejorarla.

También es cierto que parece que hemos entrado en una especie de "subasta de rebajas fiscales" con tintes desconcertantes, puesto que lo razonable sería, ante cada propuesta concreta, acompañar su impacto recaudatorio aproximado y el comentario acerca de los efectos económicos y sociales que se pretenden conseguir con la misma. No obstante, debemos dar la bienvenida, en términos generales, a esta voluntad de reducir el esfuerzo fiscal, cosa que, supongo, nace del convencimiento de que existen límites a la presión fiscal para no comprometer el buen funcionamiento del modelo económico.

La falta de progresividad podría acarrear una verdadera rebelión fiscal

Estando los principales partidos de nuestro país, al parecer, de acuerdo con lo anterior, por un lado, el PSOE ha expresado claramente que su objetivo prioritario es garantizar la progresividad del sistema. Propone, entre otras cuestiones, la reducción del tipo máximo del impuesto sobre sociedades, la reducción de tramos y tipos en el IRPF y el aumento del gravamen de las plusvalías, simplificando el impuesto con la eliminación de buena parte de las deducciones. Respecto al impuesto sobre el patrimonio y al impuesto sobre sucesiones y donaciones se plantea la eliminación de la tributación de ambos impuestos para los patrimonios medios y bajos. También resulta interesante la iniciativa de introducir el tipo superreducido del 4% del impuesto del valor añadido en determinados productos por su carácter social.

Por otro lado, el Partido Popular, como en las últimas convocatorias electorales, ha dedicado una especial atención a estas cuestiones y, consecuentemente, suprimió el impuesto sobre actividades económicas para muchos y reformó el IRPF con reducción de tipos. En esta ocasión sus propuestas consisten, fundamentalmente, en la reducción de algún punto en los tipos máximo y mínimo del IRPF y en una reforma en profundidad del impuesto sobre el patrimonio y del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Estas propuestas las apoya recordando los logros conseguidos, tanto en lo que hace referencia a los niveles de recaudación alcanzados como al grado de actividad económica conseguida, siguiendo con la idea de perseverar en el llamado "círculo virtuoso" que relacionaría las bajadas selectivas de impuestos con el crecimiento económico.

Este debate a dos bandas puede enriquecerse con los representantes de las demás opciones políticas que operan en el ámbito autonómico, en especial, con su experiencia en la aplicación de los impuestos propios y cedidos y, en los territorios forales, haciendo balance de las iniciativas tributarias que allí se han desplegado.

A mi juicio, hay cuatro grandes temas sobre los que debería pivotar la discusión en materia fiscal. El primero, crucial y que indirectamente se ha introducido con el tema de las agencias tributarias, es cómo gestionamos y cómo hacemos que se cumplan las obligaciones tributarias. Independientemente de los diferentes instrumentos de que pueden dotarse las comunidades autónomas para gestionar los impuestos propios y los cedidos, todo indica que el mantenimiento de una agencia estatal con la potenciación y la participación de aquéllas, a través del intercambio de información y de la acción coordinada, resulta más conveniente para mantener la eficacia, considerando además la complejidad creciente del entorno en el que se debe actuar, en el que los movimientos virtuales de capitales y mercancías sustituyen a los físicos en el seno de un mercado cada vez más globalizado.

Una segunda cuestión está relacionada con el impuesto sobre sucesiones y donaciones y el impuesto sobre el patrimonio, donde parece que existe un enfrentamiento entre los partidarios de eliminarlos, y los que abogan porque, a través de los mínimos exentos y de la reducción de tipos, se grave sólo a los grandes patrimonios.

El tercer tema está relacionado con el impuesto sobre la renta de las personas físicas y al impuesto sobre sociedades. Aquí habría que exponer nítidamente las reducciones de tipos que se proponen y el plazo de aplicación previsto. En este campo hay que ser muy prudentes con cualquier propuesta que venga a cambiar radicalmente el tratamiento fiscal del ahorro por las consecuencias no deseadas que puede tener, o la eliminación de deducciones muy utilizadas y consolidadas.

Por último, otra cuestión que debería aflorar en esta campaña es la de la idoneidad o no del sistema de financiación de las haciendas locales, ante todo en el aspecto de la suficiencia. Para ello debería plantearse si los recursos de los Ayuntamientos son suficientes para satisfacer la fuerte demanda vecinal de servicios.

Como colofón, todo este debate sobre la fiscalidad debería condicionarse también a cómo hacemos compatible una gestión eficaz en la recaudación de los impuestos con una sensibilidad creciente de los contribuyentes sobre la seguridad jurídica y económica de nuestro ordenamiento legal, recordando además que estos principios se fortalecen especialmente cuando las normas son claras, concisas y con una cierta vocación de permanencia.

Valentí Pich Rosell es presidente del Registro de Asesores Fiscales del Consejo General de Colegios de Economistas.