El presidente de Asaja en Sevilla será juzgado por delito ambiental

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lebrija (Sevilla) ha ordenado la apertura de juicio oral contra Miguel Afán de Ribera Ibarra, presidente de la organización agraria Asaja en Sevilla, por los supuestos delitos contra el medio ambiente y la fauna y por un supuesto delito de desobediencia. En un auto dictado el pasado 10 de febrero, el juez Ignacio de Torres requiere al acusado para que deposite una fianza y ratifica su libertad.

En este procedimiento, Afán de Ribera está acusado por la fiscalía y la letrada de la Junta de Andalucía de haber cometido sendos delitos contra el medio ambiente y la fauna por corregir y excavar el cauce de los arroyos Salado y Madre Salado para lograr mayor profundidad y utilizar la tierra sacada para levantar dos grandes muros y crear un cauce nuevo. Las actuaciones, realizadas además sin licencia de obras, pretendían mejorar el aprovechamiento agrícola de una finca rústica propiedad del presidente de Asaja en Sevilla, según se recoge en el auto judicial. Las obras, realizadas a finales de julio de 2002, consistían "fundamentalmente en lograr que una zona de 100 hectáreas que son zonas inundables naturalmente, dejen de serlo".

Estos trabajos, según la Consejería de Medio Ambiente, han provocado la desaparición de la vegetación de ribera de los arroyos, una zona de especial valor al tratarse del hábitat natural del fartet andaluz, un pez declarado en peligro de extinción. "Hasta el momento de las obras se desarrollaba y reproducía en él con plena normalidad y después de las obras ha desaparecido totalmente del cauce", se recoge en el escrito de acusación.

La Consejería de Medio Ambiente ordenó la suspensión de las obras el 3 de octubre de 2003, cuando se inició el expediente sancionador contra Miguel Afán de Ribera, al que advirtió de que incurriría en un delito de desobediencia si incumplía la orden. La Junta reclama una indemnización de más de 2 millones de euros por los perjuicios causados y tres años de prisión para el acusado, mientras que el fiscal pide 18 meses de cárcel.