Ladrillos de agua

Hace ya casi una década que la sequía no asoma por Andalucía. En los últimos siete años, sólo hubo que restringir de modo apreciable el agua para los regadíos una vez (en 2000) y, excepto en Almería, el nivel de los pantanos se ha situado de modo asiduo por encima del 70% de su capacidad teórica. El Plan Hidrológico Nacional inundó de polémica las relaciones entre la Junta y el Gobierno, pero la atención pública se disipó apenas se aprobó el plan, en 2001. El agua, un asunto básico en anteriores elecciones andaluzas, se ha evaporado de las intervenciones públicas de los líderes políticos.

La lejanía en el recuerdo de la sequía ha aflojado la exigencia popular de soluciones a los problemas de escasez de agua. Pero eso no quiere decir que los problemas se hayan resuelto. Más aún, la dependencia de la economía andaluza de este recurso ha aumentado en paralelo al crecimiento de la agricultura y el turismo. Y, pese a la bonanza actual, todos los modelos climatológicos vaticinan que los periodos secos serán más largos y abundantes.

"El crecimiento de la demanda de riego es insostenible", asegura Juan Corominas

El nuevo debate sobre el precio del agua está ausente de los mítines electorales

La aprobación del Plan Hidrológico, pese a las carencias que detectó el Consejo Andaluz del Agua, ha disminuido el tono del enfrentamiento político. "La puesta en marcha del Plan Hidrológico supone acabar con los desequilibrios en el abastecimiento del agua", se ufana Jorge Ramos, responsable de infraestructuras del PP andaluz, quien recuerda que las inversiones programadas para Andalucía hasta el 2008 rozan los 4.200 millones de euros.

Una inversión que, para el resto de partidos andaluces no es suficiente ni está siempre bien encaminada, pero que sí ha bastado al PP para desactivar un frente de críticas contra el Gobierno central. Hace cuatro años, con el fantasma de la sequía aún en el aire y después de una legislatura (1996-1999) sin apenas obra hidráulica, el PSOE logró que el electorado se aprendiese de carrerilla los pantanos en cuya construcción los populares no habían movido "ni un ladrillo". Ahora, el PP no duda en exhibir los "primeros frutos" del Plan Hidrológico.

En los últimos meses, siempre con gran despliegue institucional, el Gobierno ha inaugurado las presas del Andévalo (Huelva) y Rules (Granada), ha puesto la primera piedra del embalse de Melonares (Sevilla) y ha adelantado que este año arrancarán las obras de las presas del Arenoso y Breña II (ambas en Córdoba), dos proyectos enfangados en dilatadas tramitaciones administrativas. El colofón a esta campaña lo puso en Almería ayer mismo el presidente del Gobierno, José María Aznar, con el banderazo de salida a las obras del trasvase del Ebro, que suministrarán 95 hectómetros cúbicos anuales al regadío almeriense.

"El debate se cerró mal", mantiene el secretario general de Aguas de la Junta, Juan Corominas. "El Plan Hidrológico es exclusivamente un listado de infraestructuras, insuficiente, sin prioridades ni coherencia interna", agrega Corominas. La Junta estima que el déficit hídrico en 2002 superó los 235 hectómetros cúbicos (no se pudo atender el 100% de las peticiones de riego). Pero, sobre todo, cree que a finales de esta década las nuevas demandas situarán ese déficit en los 1.000 hectómetros cúbicos aún con las obras del Plan Hidrológico hechas. Una previsión en la que, además de los regadíos, cobra importancia el dinamismo del litoral: si se mantiene el ritmo de crecimiento, la Costa del Sol requerirá en diez años el doble de lo que consume ahora, unos 60 hectómetros cúbicos al año.

Las principales reclamaciones andaluzas para su inclusión en el Plan Hidrológico -para el litoral mediterráneo, dos nuevas desaladoras y más reutilización de agua, para la cuenca del Guadalquivir, un trasvase adicional desde el Guadiana- fueron rechazadas, pese a que su coste (900 millones de euros), era sensiblemente inferior al de las obras adicionales que sí se aceptaron, por ejemplo, en el caso de Cataluña.

"Recursos para garantizar el abastecimiento de la población no nos van a faltar, aunque hay un margen de mejora", concede Corominas, para quien el problema ahora es como distribuir el agua entre sectores económicos. "Hay que saber quién usa el agua, qué derechos tiene sobre ella, cuánto paga: el crecimiento de la demanda del agua por regadíos es insostenible, más cuando están creciendo las demandas en el litoral", dice el secretario de Aguas de la Junta, quien considera que en lo referente a avanzar hacia nuevos modelos de gestión el Plan Hidrológico es "un fiasco".

El secretario general de la federación de regantes del Guadalquivir, Pedro Parias, tilda de "catastrofistas" las previsiones de déficit de la Junta y considera que con el Plan Hidrológico y, sobre todo, con el Plan Nacional de Regadíos, el Gobierno ha dado "pasos importantes". El plan de regadíos, aprobado también a finales de 2001, prevé una inversión de 800 millones de euros en Andalucía (financiada por las Administraciones central y autonómica y el sector privado) para modernizar los sistemas de riego y convertir en regadío 27.000 hectáreas más. Parias cree que el crecimiento de regadío que depende de pantanos está muy controlado, pero señala que los nuevos regadíos que se nutren de acuíferos sí aumentan a un ritmo notable. En Andalucía, las 850.000 hectáreas de riego ya existentes absorben el 70% del agua consumida.

El representante de los regantes rechaza de plano que el agua le salga barata al sector agrario y que, en consecuencia, haga un uso irresponsable de la misma. "El agricultor no sólo paga el coste del agua a las confederaciones, también el consumo de energía, el canon a la comunidad de regantes o la amortización de las canalizaciones", explica Parias, quien asegura que las obras de modernización "duplicarán" el precio del agua de riego y que la generalización de contadores permitirá un control exhaustivo de su uso.

Lo cierto es que, pese a su delicada situación hídrica, Andalucía es la comunidad que más agua consume para regadíos. Su demanda urbana también está por encima de la media nacional. Y es una de las regiones donde el agua sale más barata: el precio promedio por metro cúbico en 2001 estaba en 0,64 euros. Una situación que choca con las exigencias de las normativas europeas, que obligarán en pocos años a repercutir en el precio todos los costes del agua y a mejorar de forma notable la calidad del agua suministrada.

Este último punto preocupa sobremanera a la asociación de abastecimientos de agua y saneamientos de Andalucía (Asa). "Serán necesarios 3.600 millones de euros para adaptar las infraestructuras hidráulicas", sostiene José Luis Rodríguez, presidente de una asociación que aglutina a las principales empresas del sector. Un problema para el que piden el respaldo financiero de las Administraciones y que disminuiría con un "ajuste" del precio. "Estamos hablando con todos los grupos políticos para que comprendan que es necesario un nuevo pacto social en el que se explique a los ciudadanos que el agua no puede ser tan barata", comenta Rodríguez.

Tanto Ramírez (PP) como Corominas (Junta) coinciden en que se debe apostar por consorcios supramunicipales -el Ejecutivo andaluz ya ha puesto en marcha dos-, que gestionen de modo integral los sistemas de abastecimiento y saneamientos e incluya a todas las administraciones y empresas implicadas. Populares y socialistas creen que esos consorcios deben incrementar de modo "progresivo"el precio. El gran debate del agua en los próximos años será ése, pero su impopularidad lo ha expulsado de los mítines electorales.