CiU se ofrece al PSC para realizar sin cambios el túnel de Bracons

Convergència i Unió (CiU) ofreció ayer su apoyo a los socialistas para sacar adelante el túnel de Bracons "como estaba previsto" en la anterior legislatura. El Gobierno catalán tomará una decisión definitiva sobre el proyecto en la reunión del próximo martes, pero el portavoz del Ejecutivo, Joaquim Nadal, insinuó ayer que las obras seguirán, aunque con modificaciones. Esquerra dijo que CiU no tiene credibilidad porque en las negociaciones para formar gobierno les ofreció volver a estudiar el proyecto.

El túnel de Bracons se ha convertido en uno de los puntos más espinosos para los tres partidos que integran el Gobierno catalán, ya que se oponen rotundamente a él Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida (ICV-EUiA). Ayer CiU trató de hurgar en la polémica ofreciendo sus votos para sacar adelante el proyecto "como estaba previsto". "Sería imperdonable que ahora que ya está hecho el túnel [la vía que debe conectar Vic y Olot] se convierta en una carretera comarcal", afirmó el presidente del grupo de CiU, Artur Mas. A su juicio, la eventual paralización de las obras pondría en riesgo "el crecimiento económico, la creación de empleo y el equilibrio territorial".

Todos los partidos que apoyan al Gobierno catalán desestimaron el ofrecimiento, a pesar de que mantienen puntos de vista distintos. Esquerra fue el más contundente al recordar que en el periodo de negociación tras las elecciones CiU estuvo dispuesta a reconsiderar la obra. "Ofrecieron paralizarla", llegó a afirmar el portavoz parlamentario de ERC, Josep Huguet, algo que CiU negó tajantemente. El dirigente republicano matizó posteriormente sus palabras: "Estaban dispuestos a todo para gobernar, aunque formalmente sólo aceptaron una comisión de estudio para reconsiderar el proyecto", explicó a este diario. El portavoz del Gobierno catalán, Joaquim Nadal, dejó ayer claro tras la reunión del Consell Executiu que se tomará una decisión pronto: la semana que viene. Nadal, que como titular de Política Territorial y Obras Públicas defiende que se prosiga con el proyecto introduciendo correcciones respetuosas con el medio ambiente, afirmó: "La solución a la que se llegue no requerirá, probablemente, un nuevo estudio de impacto ambiental". Nadal se mostró convencido de que el Gobierno adoptará una posición "lo más unánime posible" y auguró que se ofrecerá "garantía de seguridad jurídica a los ciudadanos, a las empresas y al conjunto de la sociedad" con las medidas correctoras. Según los cálculos del departamento, paralizar las obras implicaría el pago inmediato de 24 millones de euros (4.000 millones de pesetas).